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El Ministerio lleva nueve meses sin valorar la cifra de la deuda histórica

Hay "dificultades" para la deuda histórica, ha admitido el presidente andaluz, Manuel Chaves. El 20 de septiembre, fecha límite según el Estatuto, se aproxima sin acuerdo entre Junta y Gobierno. El Ministerio de Economía lleva nueve meses sin responder a la cifra que la Consejería presentó a final de 2007.

el 15 sep 2009 / 11:19 h.

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Hay "dificultades" para la deuda histórica, ha admitido el presidente andaluz, Manuel Chaves. El 20 de septiembre, fecha límite según el Estatuto, se aproxima sin acuerdo entre Junta y Gobierno. El Ministerio de Economía lleva nueve meses sin responder a la cifra que la Consejería presentó a final de 2007.

El Gobierno de Zapatero no sabe, no contesta. El Ministerio de Economía no se pronuncia "oficialmente" sobre el contencioso desde que en octubre de 2007, el presidente Chaves y el ministro Solbes firmaran otro anticipo de 300 millones por la Disposición Adicional Segunda del Estatuto. Ahora "las circunstancias no son las mismas", ha admitido Chaves. La crisis económica y la tormenta de la financiación autonómica han empedrado la negociación.

El vicepresidente segundo y consejero de Economía, José Antonio Griñán, comparecerá el miércoles en el Parlamento para desvelar la cifra que reclaman al Ejecutivo de Zapatero por la deuda histórica. Oscila entre los 1.000 y 1.500 millones de euros, según el Gobierno andaluz. A lo que habrá que descontar los anticipos cobrados, 420 millones. La Junta creará un grupo de trabajo junto a PP e IU para pactar la cantidad en Andalucía, aunque el acuerdo es "difícil", admiten todos. El PP reclama 3.500 millones. Las diferencias con IU, que pide 7.500, son para Chaves "profundas".

El documento que Griñán expondrá en la Cámara y que el Gobierno ha hecho hoy público, es el que la Consejería presentó en el registro oficial del Ministerio de Economía el 29 de diciembre. Una "completa documentación", según fuentes del Gobierno, con la metodología empleada para calcular la deuda. Para ello, la Junta retomó los trabajos del grupo que se constituyó en 1994.

Técnicos de la Consejería y del Ministerio, que han formado parte del nuevo grupo constituido el 14 de diciembre de 2005, no han logrado cerrar ningún acuerdo sobre la cifra, según confirmó la Junta. Ahora son los primeros espadas los que deben asumir el protagonismo de la negociación.

El tiempo apremia porque el Estatuto señala que la deuda debe estar cuantificada antes del 20 de septiembre. La Consejería de Economía defiende que el pasado diciembre, en vísperas de la campaña electoral y las elecciones autonómicas, remitió su cantidad y su metodología de cálculo al Ministerio. No la hizo pública "por lealtad institucional". "La Junta ha cumplido su parte", defienden desde el Gobierno andaluz. Y ése es el mensaje que Griñán dejará claro en el Parlamento.

Es al Ejecutivo de Zapatero, que mantiene un sepulcral silencio, al que le toca mover ficha. ¿Y qué opina el Ministerio de Economía de la cifra que le envió hace nueve meses la Consejería? Aún nada. "Estamos valorándolo", indicó un portavoz oficial a este periódico. No se ha pronunciado "oficialmente", recalcan desde el Ejecutivo andaluz. Otra cosa es si Chaves y Zapatero han mantenido una conversación o si Solbes y Griñán han hablado del asunto. Algo que se da por hecho. En ese terreno se mueve el juego.

La reivindicación llega en el peor momento. En mitad de una crisis que ha abierto un agujero de 10.000 millones en las arcas del Estado y justo cuando suenan tambores de guerra por la financiación. El desafío de Cataluña al Gobierno, por no haber cumplido con la fecha de su Estatut -9 de agosto- para estrenar financiación, amenaza los Presupuestos del Estado. Los nacionalistas son matemáticamente imprescindibles para que el PSOE apruebe las cuentas.

El Gobierno andaluz sabe que exigir su deuda equivale a poner contra las cuerdas al Gobierno, que de pactar una cantidad con Andalucía metería el dedo en el ojo a los nacionalistas catalanes y dinamitaría los Presupuestos. Pero Chaves sabe también que el Estatuto es una ley orgánica y tiene que exigir su cumplimiento. Los socialistas andaluces no van a presionar como lo ha hecho el PSC. La Junta será "flexible" con el cobro. Puede pagarse hasta 2010 según el Estatuto.

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