La carrera académica de los profesores universitarios se va a convertir, en caso de que salga adelante la propuesta presentada formalmente por el Ministerio de Educación a las universidades, en una suerte de carné por puntos. Una vez alcanzada la condición de funcionario, el personal docente e investigador podrá seguir escalando puestos a medida que vaya acumulando puntos por los siguientes conceptos: antigüedad (un máximo de 20, a razón de uno por año), méritos docentes (un máximo de 50), méritos de investigación (un máximo de 50), méritos por innovación y transferencia de conocimientos (un tope de 40), méritos de dirección y gestión (30 puntos como mucho) y formación (un máximo de 10).
El ministerio ha presentado ya a las universidades el borrador del Estatuto del Personal Docente e Investigador (PDI) en el que se dibuja la carrera horizontal del personal funcionario. El profesor podrá ir pasando por hasta tres niveles diferentes y cada uno de ellos vendrá asociado a un complemento salarial que aún está por definir (esto precisamente es muy cuestionado por las universidades).
Para alcanzar el primer nivel harán falta 40 puntos, para el segundo, 70 y para el tercer grado, 100. Hay dos situaciones excepcionales: la obtención de 120 puntos en el baremo dará derecho a los profesores titulares de universidad a ser acreditados como catedráticos y si se logran los 140 puntos, el catedrático o titular acreditado ya como catedrático tendrá derecho a que se le conceda un cuarto grado "de excelencia".
La propuesta de Educación, que el pasado viernes fue presentada en Bilbao a los vicerrectores de Profesorado de las universidades españolas, ha suscitado todo tipo de opiniones, que podrían resumirse en tres vertientes. Una primera, sindical, que hace una defensa encendida del Estatuto, al concederse en éste un valor muy importante a la gestión -y dentro de ésta a las tareas de representación sindical-.
Una segunda corriente de profesores que, aun viendo bien muchas de las cosas que plantea el texto, se muestra absolutamente contraria al reparto de los puntos (sobre todo al enorme peso de la gestión en comparación con la investigación y la docencia). Y una última vertiente que incluso ha lanzado una campaña de recogida de firmas con el Estatuto en internet y que cuestiona tanto el borrador como el mismo espíritu de la Ley Orgánica de Universidades (LOU), al pronunciarse en contra del sistema de acreditaciones.
"Los 40 puntos concedidos a la gestión son una barbaridad", señala un cargo académico de la Universidad de Sevilla. "Es cierto -continúa- que no se puede desincentivar esta tarea, pero no es de recibo que la gestión valga un máximo de 40 puntos y los méritos por investigación y docencia, un tope de 50".
La promoción a cada uno de los tres grados se basará en la acumulación de puntos que serán, a su vez, el resultado de "sucesivas evaluaciones académicas globables del profesorado", según se recoge en el borrador consensuado en la mesa sectorial el pasado mes de noviembre. ¿Cómo será esa evaluación? En el documento se especifica que "será externa y se basará en un sistema público, objetivo y autoevaluable". Este modelo lo fijará cada universidad "previa negociación colectiva".
En relación a los méritos por investigación, el Estatuto del PDI señala que el profesor universitario "podrá someter a una evaluación cada seis años, con carácter voluntario, la actividad investigadora realizada". Para fomentar la transferencia tecnológica, los profesores que deseen crear su propia empresa tendrán una excedencia por un periodo máximo de cinco años, conservando el puesto de trabajo y la antigüedad. "Entre el fin de una excedencia y el comienzo de otra, que deberá obtenerse para el desarrollo de otra empresa de base tecnológica diferente y a partir de nuevos resultados de investigación, deberá transcurrir un periodo mínimo equivalente a dos años a tiempo completo", reseña el documento, al que ha tenido acceso este diario.
El manifiesto de profesores contrarios a esta propuesta de Estatuto del PDI que circula por internet dedica palabras muy gruesas al contenido del mismo. En primer lugar, "estimamos que es inadmisible que se nos iguale a todos forzándonos a competir con un baremo de carrera horizontal en el que lo accesorio vale tanto o más que lo principal y en el que a quien no tiene vocación ni dotes para la buena docencia o investigación cualificada se le ofrecen alternativas para medrar y ascender a base de burocracia".
Y es que sobre este aspecto -el número de puntos que se pueden obtener por las tareas de gestión, un máximo de 40 frente a los 50 que se fijan para investigación y docencia-, la plataforma dice: "Es indignante e inadmisible que la valoración de la investigación sea comparativamente tan escasa".
El borrador del Estatuto tendrá que pasar por el Consejo de Universidades, donde el ministerio no las tiene todas consigo. De conseguir el visto bueno, haría falta también un informe del Consejo de Estado, ya que para la aplicación del Estatuto hace falta dinero con el que pagar los complementos. Y todo, en plena crisis económica, y tras habérsele bajado el sueldo a los funcionarios.
