El casi centenar de secretarios judiciales de Sevilla están llamados hoy a un paro de tres horas en protesta por la sanción a su compañera por el caso Mari Luz. Unos 300 juicios se podrían ver aplazados, pues los servicios mínimos sólo cubrirán los órganos que estén de guardia. Los jueces harán juntas por las injerencias en el caso Rafael Tirado.
El caso Mari Luz ha puesto en pie a la Justicia, que hoy vivirá una jornada caldeada y sin precedentes. Los secretarios judiciales se han puesto en huelga para apoyar a su compañera del Juzgado de lo Penal 1 de Sevilla, Juana Gálvez, que ha sido sancionada con dos años de suspensión por no encarcelar al presunto asesino de la pequeña de Huelva. Los 97 secretarios judiciales de la capital están llamados a un paro de tres horas, de 10.00 a 13.00 horas, que se iniciará con una concentración.
En Sevilla, cada día se celebran unos 300 juicios, que hoy se pueden ver afectados por el paro de tres horas, después de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid anulara ayer los servicios mínimos establecidos por el Ministerio de Justicia, que los fijó en un 30%. El Alto Tribunal madrileño aceptó ayer el recurso presentado por el Colegio Nacional de Secretarios Judiciales y la Unión Progresista, que los consideraban "inaceptables", y los limitó a los secretarios que se encuentren de servicio en los juzgados de guardia. Por ello, los secretarios que no estén cumpliendo esta función, pueden acogerse al paro y, por tanto, suspender juicios.
Concentración. La jornada de paro se iniciará con una concentración de media hora a las diez de la mañana en la puerta de los juzgados del Prado, en la que protestarán por la sanción a Gálvez, ya que responsabilizan al Ministerio de las carencias del sistema judicial. A continuación, los secretarios iniciarán una asamblea en una sala de la Audiencia Provincial.
Entre tanto, los jueces están llamados a una junta, que se celebrará a las 12.00 horas en la Audiencia, para analizar las injerencias políticas en el expediente abierto al juez Rafael Tirado por no ejecutar la sentencia de Santiago del Valle, a raíz de las declaraciones de varios miembros del Gobierno solicitando al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que eleve la multa de 1.500 euros al magistrado a tres años de suspensión. La convocatoria surgió a partir de una reunión que mantuvieron los jueces decanos el pasado 8 de octubre en Cádiz, en la que defendieron la independencia del poder judicial. Por su parte, los magistrados de la Audiencia también se reunirán hoy en asamblea para analizar estas injerencias, pero la reunión no coincidirá con el paro de los secretarios, sino que se celebrará a las 8.45 horas.
Previo a estas reuniones de jueces y magistrados, el presidente del CGPJ, Carlos Dívar, se reunió ayer con varios representantes de jueces decanos -entre ellos el de Sevilla, Federico Jiménez Ballester- y las cuatro asociaciones de magistrados para pedirles que las juntas no afecten al servicio público. No obstante, esto no dependerá tanto de los jueces, como de los secretarios judiciales "pues sin ellos no podemos celebrar juicios", explicó Jiménez Ballester. Eso sí, el Consejo se comprometió a hacer suyas las peticiones para mejorar la Justicia.
Al término de la reunión La Asociación Profesional de la Magistratura (APM) y el Foro Judicial Independiente emitieron sendos comunicados de apoyo a las juntas, tanto por las injerencias políticas, como por la carencia de medios de los juzgados.
