Si Javier Villanueva hubiera imaginado que sería detenido y torturado, estaría preso tres años y medio pasando por una de las cárceles más peligrosas del mundo y volvería a España con una losa de medio millón de euros, nunca hubiera abierto el Diablos's Bar, el local de moda que montó en Santa Cruz y que lo llevó a codearse con conocidos deportistas y famosos, convirtiéndolo en un personaje más de la vida social de Bolivia.
Si alguien le hubiera dicho mientras sufría descargas eléctricas e intentos de asfixia para que confesara el asesinato de la fiscal Mónica Von Borríes -torturas acreditadas en tres informes internacionales-, que eso quizá no fuera lo peor que iba a pasarle, no lo hubiera creído. Sin embargo, su queja desde el apartamento de 40 metros que compró para que le trocaran la prisión por arresto domiciliario era la misma hacía meses: la incertidumbre, no saber cuándo acabaría todo, vivir un proceso arbitrario que parecía no tener fin.
Villanueva se fue a Bolivia en 2000, con 23 años, obedeciendo a un espíritu inquieto que lo había llevado a probar varios oficios y a conocer a todo tipo de gente. Como Marco Antonio Etcheverry, Diablo, ex capitán de la selección boliviana de fútbol con quien abrió su exitoso local.
Su clientela sería su ruina: los amigos de otros amigos resultaron ser delincuentes de mayor o menor peso, y cuando en febrero de 2004 el coche de la fiscal saltó por los aires, alguien lo señaló. Sigue sin saberse por qué.
Fue sometido a torturas: los médicos certificaron sus lesiones, la Policía ha sido incapaz de indicar dónde estuvo durante siete horas, pero al final la televisión boliviana terminó mostrando un video con su confesión. Luego fue sometido a extrañas pruebas: lo sacaban de noche del calabozo, lo llevaban en helicóptero a un campo de entrenamiento, le daban vueltas por la ciudad. La Fiscalía ya no soltaría a su presa.
El padre de Javier, Francisco Villanueva, supo poner sobre él el foco internacional para garantizarle cierta seguridad. Frenó los excesos policiales, pero llegó la burocracia. Javier vio cómo los plazos legales se iban dinamitando, jugando en su contra: superó el tiempo máximo permitido de prisión, donde aprendió a convivir con capos de la droga; aprendió a pagar pequeños sobornos y supo que sólo su nivel económico lo libraba de un peligro mayor. Su caso ha estado a punto de prescribir de tanta lentitud. Y sólo su novia, la boliviana Carola Torres, lo apoyaba mientras su padre se desangraba económicamente de tantos viajes y tantos abogados.
Es lo que más le ha pesado en los últimos meses: una burocracia que lo ha hecho seguir en el país más de un año tras su absolución, con el miedo continuo de que le pasara algo por la calle, de que lo acusaran de algo más. "Ya éste es el último trámite, pero fechas no te doy. Tú sabes que este país es un cachondeo", repitió durante meses Javier antes de que, por fin, el último trámite fuera de verdad el último y él pudiera volver a abrazar a su familia.
