Economía

El plan de rescate de Estados Unidos está sólo a un paso de su aprobación

el 15 sep 2009 / 15:54 h.

El discutido plan de rescate financiero del Gobierno de EEUU valorado en 700.000 millones de dólares será sometido hoy a votación en la Cámara de Representantes, después de conseguir en la madrugada de ayer un principio de acuerdo entre demócratas y republicanos, que ultiman sus detalles.

Negociadores de los partidos republicano y demócrata ultimaban ayer los detalles del plan de rescate financiero para que pueda ser hoy sometido a votación, dijeron fuentes legislativas. Un avance que será posible después de que los líderes del Congreso alcanzaran el principio de acuerdo pasada la medianoche tras reuniones maratonianas.

La presidenta de la Cámara Baja, Nancy Pelosi, dijo que una vez divulgado el contenido del proyecto abrirá un período de análisis público de 24 horas.

Tras ese intervalo votará la Cámara de Representantes primero, y el Senado después. Si recibe el visto bueno de ambas cámaras irá a la mesa del presidente de Estados Unidos, George W. Bush, para su firma.

El acuerdo mantiene el objetivo principal de usar 700.000 millones de dólares para comprar a los bancos deuda de mala calidad vinculada al mercado hipotecario, como había propuesto el Gobierno. No obstante, modifica el programa para satisfacer las preocupaciones de los demócratas.

También incluye la idea de requerir que los bancos compren seguros para cubrir su cartera de títulos vinculados a las hipotecas.

Ése ha sido el principal caballo de batalla de los republicanos de la Cámara Baja, que se convirtieron el pasado jueves en el impedimento para su aprobación.

Eric Cantor, uno de los negociadores de ese grupo, dijo ayer en CNN que si el proyecto de ley final contempla esa idea, el plan "podrá avanzar". En el proyecto, la obligación de que Wall Street use su propio dinero para comprar los seguros es una opción que está a disposición del secretario del Tesoro, Henry Paulson, resaltó el demócrata Barney Frank.

El programa también coloca límites a los salarios de los ejecutivos de las empresas que se beneficien de él, crea un mecanismo de supervisión del uso del dinero y prevé que los contribuyentes obtengan derechos para la compra de acciones (warrants).

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