La vicesecretaria de Ordenación del Territorio del PP-A, Alicia Martínez, alertó ayer de que los ayuntamientos andaluces están maniatados con el Plan Marco de Vivienda presentado recientemente por la Consejería de Fomento de la Junta de Andalucía, tras la celebración de una jornada de trabajo con los concejales delegados de Urbanismo y Vivienda de los municipios de más de 100.000 habitantes, las ocho capitales de provincia, más Jerez, Algeciras (Cádiz) y Marbella (Málaga), todos ellos gobernados por el Partido Popular.
En el encuentro, al que asistió el presidente del PP-A, Juan Ignacio Zoido, se estudió el borrador de dicho plan, que se encuentra en fase de alegaciones hasta el 22 de noviembre. En este marco, la vicesecretaria señaló que el nuevo plan nace muerto porque no contiene objetivos de vivienda, ni en promoción pública, ni en rehabilitación ni en alquiler, por lo que lo calificó el proyecto en un comunicado de una mera declaración de intenciones. Además, Martínez censuró que el texto no establezca objetivos, ni fije un marco de financiación, ni compromisos con las entidades financieras. En este sentido, recordó que para el plan anterior el convenio con los bancos fue de 9.550 millones de euros, de los que, según datos de la propia consejería, se ejecutaron 700 millones en total, es decir, no alcanza ni al 10%, criticó Martínez.
Los responsables de Urbanismo del PP-A lamentaron también que los consistorios sólo dispongan de dos meses para adaptar sus planes municipales al plan andaluz y que se vean obligados a hacerlo sin garantías de financiación por parte de la Junta, lo que, a su juicio, pone en peligro la ejecución del propio plan. Un año paralizado // La dirigente popular manifestó que todos los responsables de vivienda de los ayuntamientos coinciden en señalar que llevan un año paralizados porque el plan anterior se ha cerrado en falso, y quedan pendientes muchas ayudas que materializar. Además, destacó que este año no ha habido plan andaluz, por lo que no se han podido programar actuaciones en materia de vivienda por parte de los ayuntamientos, que dependen de la Junta que es quien tiene las competencias.
En materia de vivienda social, Martínez aseveró que el plan anterior fue un fracaso en política social de vivienda, puesto que el programa de transformación de infravivienda sólo se ejecutó un 16%, no se actuó en la erradicación del chabolismo y tampoco sirvió para evitar más de 67.000 desahucios en Andalucía de 2008 a 2012. Respecto al borrador actual, rechazó que no regule ningún programa de ayudas para prevenir desahucios, así como la ausencia de mecanismos para poner las viviendas sociales de la Junta a disposición de afectados por desahucios y de quienes sufren situaciones de exclusión.
Por ello, incidió en que, ante la inactividad de la Empresa Pública de Vivienda y Suelo de Andalucía (EPSA), han sido las empresas públicas de vivienda municipales, sobre todo de las capitales quienes han promovido la vivienda protegida en Andalucía y gestionado el alquiler de viviendas asequibles. Los ayuntamientos están haciendo frente con sus políticas sociales a ayudas para evitar los desahucios del alquiler o por impagos de hipotecas, así como dando ayudas para evitar el corte de luz y agua, denunció Martínez.
