El pleno municipal de Dos Hermanas aprobó ayer por unanimidad iniciar los trámites para pedir la nulidad de pleno derecho del decreto 331 del año 1937, que segregó terrenos pertenecientes al municipio nazareno a favor de Sevilla. De este modo, el Ayuntamiento renunciará por el momento a recurrir ante el Tribunal Constitucional la decisión del Supremo que le da la razón a la capital y adopta esta vía jurídica que ya se dejó entrever en la primera sentencia referida al caso.
"La discusión es si ese decreto, que dicta la segregación territorial, es legítimo o no", comentó ayer el portavoz del equipo de gobierno (PSOE), Agustín Morón, que además volvió a reiterar, como ya hizo el propio alcalde de la ciudad, Francisco Toscano, que no es la intención del Consistorio hacerse con terrenos o barrios consolidados de Sevilla, sino "demostrar que aquella resolución no es legítima".
Asimismo, el edil recordó que el decreto de 1937 se hizo por una comisión gestora nombrada por un teniente del ejercito de Franco mientras había otro gobierno, democráticamente elegido en Madrid, lo que ha sido motivo del recurso. "Lo que tenemos que preguntarnos no es si esa comisión gestora tenía capacidad para hacer la segregación, sino si tenía la legitimidad necesaria", comentó el concejal de Obras Públicas y miembro de la ejecutiva socialista, Francisco Rodríguez.
Morón también reconoció que ambos gobiernos locales de la segunda República de España habían iniciado conversaciones para vender esos terrenos, una de las razones por las que se falla a favor de Sevilla, si bien aclaró que "los dos ayuntamientos -Sevilla y Dos Hermanas- no habían llegado a ningún acuerdo. Y si ese fuera el caso tampoco se cumpliría porque el acuerdo de la República especificaba que, a cambio de los terrenos que ahora son de Sevilla, nos tenían que devolver los de la ermita de Cuarto, el camino que es ahora de Sevilla".
Por último, los socialistas nazarenos comentaron que "moralmente" tienen que seguir con el recurso judicial, aunque no quieren olvidar la posibilidad de proseguir con las negociaciones.
Quejas. Sobre este aspecto, al gobierno de Dos Hermanas no le sentaron muy bien las declaraciones del concejal de Urbanismo de Sevilla, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, en las que ponía fin a la vía negociada y advertía de que la capital "no va a renunciar a ni un metro del término municipal, más aún cuando los tribunales nos han dado una y otra vez la razón".
Morón afirmó que la comisión que segregó los terrenos no era legal y "si Sevilla se siente legitimada por esa comisión gestora, creada por un teniente de Franco, allá ellos". Además, reiteró que "aunque no nos den la razón los tribunales, y si después de esto no conceden la nulidad del decreto, estaremos contentos, porque será un organismo democrático quien nos lo ha dicho y no una comisión gestora en plena guerra".
