El Pleno municipal de Mairena del Aljarafe debatió, entre otros puntos, solicitar la suspensión de la orden de Fomento y el futuro del colegio mayor Rodrigo de Maese. / A. P.
El Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe solicitará a la Consejería de Fomento que suspenda la orden que obliga a los taxistas de esta localidad, Bormujos y Tomares a volver al Área de Prestación Conjunta del Taxi que gestiona la Mancomunidad del Aljarafe. Así lo decidió ayer el Pleno municipal con los votos a favor del PP, PSOE y PA. Por su parte, los dos concejales de IU votaron en contra.
La moción presentada por el grupo popular se vertebra en tres puntos: solicitar la suspensión de la medida, exigir a la consejería información clara sobre la reincorporación y su modelo y crear una mesa del taxi a nivel comarcal donde estén representados tanto trabajadores, usuarios y ayuntamientos. Según el primer teniente de alcalde, Vicente Antonio Agenjo, la orden de la Junta de Andalucía no regula el servicios ya que «ni establece cómo volvemos ni si hay coronas o no». Para los populares, la falta de un modelo claro pone en peligro los puestos de trabajo de los taxistas maireneros y la calidad del servicio. Además, Agenjo critica que la norma no haya establecido «un periodo de transición ni el sistema por el que se regularían las licencias».
Según la orden, publicada el 17 de junio, los taxistas de Mairena del Aljarafe, Bormujos y Tomares que se salieron del área en 2009 volvieron a pertenecer a ésta al día siguiente. Esto implicaba que, desde el 18 de junio, los taxis de estas tres localidades tenían un periodo de 30 días en el que debían presentar las licencias a mancomunidad y realizar los trámites para unificar tanto la emisora como la imagen de los vehículos.
Ante la obligación de volver al Área de Prestación Conjunta, 23 de las 24 licencias que existen en Mairena del Aljarafe se han puesto de acuerdo para presentar una propuesta que regule la primera corona la A, lo que afectaría a municipios comoCamas, Gines, Tomares, Bormujos, Santiponce, Valencina de la Concepción, San Juan de Aznalfarache, Gelves, Palomares del Río, Castilleja de Guzmán, Castilleja de la Cuesta y la propia Mairena. En esta propuesta, que se registró el jueves en el Ayuntamiento mairenero, los taxistas piden que solo las licencias originarias podrán ocupar las paradas de cada municipio.
En el caso de que determinada localidad no tuviese licencias originarias, la parada podrá ocuparla cualquier taxi de la corona. En relación a la emisora, los taxistas maireneros proponen que un ente independiente gestione todas las emisoras con tal de garantizar que el servicio se preste en la localidad. Con la propuesta sobre la mesa, el portavoz del grupo socialista, Antonio Conde, instó a los populares a que se eliminara el punto aclaratorio sobre el modelo de la Junta y se optase por defender el propuesto por los taxistas.
En este sentido, Conde recordó que el motivo por los que Mairena se salió del área cuando gobernaba su partido era que «no había regulación, al igual que ahora». Pese a que las competencias recaen en las administraciones públicas, los grupos políticos destacaron que los principales afectados eran los taxistas. Por ello, el portavoz socialista apuntó que el paso esencial es llegar a un acuerdo con todas las entidades y asociaciones «ya que al fin y al cabo quien vive esta situación de confrontación es el taxista que lucha a diario por bajar la bandera de su vehículo». Un consenso que respaldó el concejal mairenero del Partido Andalucista, José Antonio González Vela, quien apostó por apoyar a los taxistas «ya que son los que conocen la materia».
Aunque tres de los cuatro grupos políticos coincidieron en la necesidad de crear una mesa del taxi comarcal, IU sostuvo que la moción no tenía sentido ya que «la orden se ha consensuado» en una mesa que «afortunadamente se ha hecho antes», aseguró el concejal de dicho partido, Ángel Marcos.
MAESE RODRIGO. Ante las últimas noticias sobre la situación financiera del colegio mayor Maese Rodrigo, que se puso en marcha en la localidad hace 20 años, ayer los grupos andalucista, socialista y de IU presentaron una moción, respaldada con 3.700 firmas de afectados y vecinos, para que el colegio siga con su actividad. De ahí, que estos tres grupos políticos propusieran ayer al equipo de Gobierno que el Ayuntamiento apoyara financieramente la continuidad del colegio mayor mediante la forma jurídica correspondiente, con tal de asegurar las actividades que allí se realizan y que, como defendieron desde el grupo socialista, han hecho del colegio «un espacio social de convivencia». Asimismo, instaron al grupo popular a votar a favor por mantener todos los puestos de trabajo ya que las instalaciones generan ocho empleos directos aparte de los indirectos.
Pese a la insistencia de los vecinos ayer presentes y los alumnos, que a día de hoy son cerca de 160, el grupo popular insistió en que la ley no le permite asistir a la institución ya que «carece de entidad jurídica» y «no está adaptada a la ley de fundaciones». Los populares se remitieron al informe del interventor en el que indica que el Ayuntamiento «no es el competente». Asimismo, Agenjo apuntó que ya en 1995, el director de la residencia hizo constar «la autonomía del colegio mayor» para su gestión.
Por su parte, el alcalde, Ricardo Tarno, recordó que el futuro del colegio mayor no es una decisión que caiga en exclusividad sobre el Ayuntamiento. «Es la propia Universidad de Sevilla la que elige a su director», sostuvo en alusión a que cuando el proyecto se puso en marcha se hizo a través de un convenio entre el Consistorio y la institución hispalense.
