-Cuando está a punto de terminar el plazo, realice un primer balance de las alegaciones al Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de Sevilla (Potaus).
-Es difícil porque hemos prorrogado el plazo, pero hasta el momento son unas 100 de las que unas 30 son de consistorios y el resto de empresas, particulares, asociaciones... Y hay muchas más en camino.
-¿Más de las que esperaban?
-Eso es bueno, porque significa que interesa a la sociedad y a las administraciones y no les deja indiferentes. El mecanismo de participación es eficaz. El Potaus está cumpliendo las expectativas. Se genera un documento muy potente que le da carta de naturaleza a la Gran Sevilla.
-¿Por qué esta prórroga?
-Nos la habían solicitado algunas partes, básicamente el Colegio Oficial de Arquitectos, pero también otras, sobre todo del movimiento ciudadano. Parecía lógico ampliarlo y que nadie tuviera la sensación de que se le hurtaba esta posibilidad.
-¿Que plazos manejan?
-La consejera Concepción Gutiérrez dijo que quería tener el documento aprobado para junio y en principio es un calendario que debemos estar en condiciones de cumplir sin mayor problema. Cuando se formuló el decreto del Potaus se nos dio un año para tener todos los documentos preparados y nadie creía que íbamos a llegar. En fin, se le está dedicando energía, voluntad y sobre todo mucha ilusión para que este documento pueda ver la luz.
-Resuma los objetivos de esta iniciativa.
-Tiene como objetivos solucionar todo lo relacionado con los problemas de movilidad, y ya hay un plan; y la generación de suelo productivo de calidad, y con el previsto en el Potaus, 3.700 hectáreas, se duplica el actualmente existente en el área metropolitana. Intentamos cumplir una instrucción muy clara del presidente Manuel Chaves y es que ni un solo proyecto productivo, generador de empleo, se quede fuera de Andalucía por falta de suelo cualificado. Otro fin es favorecer la creación de vivienda protegida. Para ello establecemos 15 áreas de oportunidad residenciales que deberían generar al menos 18.000. El cuarto pilar es la protección del territorio. El 54% del área metropolitana queda con algún grado de protección. Las alegaciones vienen en ese sentido.
-¿Pero en qué pilar se centran las alegaciones?
-En función de quien alega coloca el acento en un punto u otro, pero vamos a tener que trabajar mucho los cuatro temas. Hay que tener en cuenta además que cada alegación puede tener su reflejo presupuestario, porque a este plan lo que lo dota de credibilidad es que hemos sido capaces de apuntarle una ficha presupuestaria, con más de 4.174 millones de euros. En la medida en que se vaya extendiendo ese abanico habrá que ampliar esa cifra. Por eso el análisis de las alegaciones tiene que ser muy exhaustivo.
-¿Habrá dinero para tanto?
-Es un documento aprobado en Consejo de Gobierno, con la Consejería de Economía presente. Cualquier ampliación tendrá su visto bueno.
-Han definido el plan de movilidad, el de zonas verdes, el territorial, ¿elaborarán uno específico de los equipamientos?
-No están en un plan específico. Determinamos un mapa donde aparecen las áreas de centralidad y en éstas lo que intentamos decir es cuáles son los sectores especialmente cualificados para contener equipamientos de carácter supramunicipal, por lo que debe marcar la planificación del resto de consejerías.
-¿Qué bolsa de viviendas en total generará el Potaus?
-Son 27.000 de las que al menos 18.000 tienen que ser viviendas protegidas. Eso al margen de los PGOU (Plan General de Ordenación Urbana), teniendo en cuenta que lo aprobamos antes del reciente Pacto por la Vivienda. En éste cada consistorio se hace responsable de la satisfacción de la demanda en su pueblo. Desde ahí, para otro tipo de necesidades de carácter global o metropolitano, es para lo que podrían servir estas bolsas.
-¿La excepcionalidad del Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA) para los pueblos pequeños supone que están reconociendo errores en la norma?
-Significa reconocer que hay encima de la mesa argumentos suficientemente importantes como para que algunos criterios de trabajo cambien. La famosa limitación, que no es tal, del POTA, tiene un fundamento: no construir viviendas sin tener antes los equipamientos suficientes . Hay otra reflexión: si en 20 años Andalucía ha crecido el 15% de población y el 20% en suelo urbanizable, que en ocho años se planteen unos límites del doble no parece descabellado.
-¿Cuáles son los términos de esa flexibilización?
-La Federación Andalucía de Municipios y Provincias (FAMP) nos llama la atención en dos aspectos muy dignos de tener en cuenta: los pueblos de Andalucía tienen un nivel de equipamientos muy superior al de las grandes ciudades, así, que sea su propia evolución quien marque si tienen que crecer. El segundo es la bajada de la ratio de habitantes por vivienda nueva, ya que la VPO, fundamentalmente es para atender las necesidades del pueblo, por lo que a corto plazo no genera habitantes nuevos. Eso tiene un efecto beneficioso: quien más VPO haga, más viviendas podrá hacer. Los términos de la flexibilización son esos y trabajamos en un decreto que transforme lo firmado en norma. Esperamos tenerlo para finales de mes.
-¿Cuál será su efecto?
-Nos va a fijar el procedimiento para que todos los PGOU no adaptados a la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), lo hagan de una forma rápida, para que se pueda poner en carga inmediatamente suelo para vivienda protegida.
-¿Cuánto se abrirá el margen que limita el crecimiento residencial al 30% y la ocupación del suelo al 40% en ocho años para los pueblos de menos de 10.000 habitantes?
-No se trata de una cuestión de porcentajes, sino de un análisis situación a situación, en función de la propia historia y necesidades del municipio y de su nivel de equipamientos.
-¿No temen que ahora se plantee la misma excepcionalidad para los municipios de menos de 20.000 habitantes?
-Entonces no acabaríamos nunca. Los niveles de crecimiento planteados en el POTA son bastante lógicos.
-¿Qué opina de la feroz campaña del PP?
-El PP tiene una contradicción. Primero dice que llega tarde pero luego no quieren que llegue nunca. El Potaus es el primero de estas características en Andalucía y sería en el tercer área metropolitana de España. Ni Madrid ni Barcelona tienen un plan así. El PP se siente muy cómodo con la ausencia de reglas en el urbanismo.
-De momento son pocos los PGOU adaptados al POTA, ¿cree que se ralentizan los trámites a la espera de la flexibilización?
-La iniciativa en cuanto a la adaptación es claramente municipal. Tenemos 11 municipios con PGOU parcialmente adaptados a la LOUA y siete completamente adaptados. Contando con Sevilla, la mitad del área metropolitana y un tercio de la provincia está ya regularizado. Sevilla es de las provincias con los deberes más al día.
-¿Cómo le explicaría a un vecino de un pueblo que no se ha adherido al Consorcio de Vivienda que no podrá pedir una VPO en otra población del área metropolitana?
-Tendría que explicarlo su alcalde. Hay un partido que de una manera muy torpe ha hecho del consorcio una cuestión política. Desde el 9-M espero que puedan incorporarse todos. Elegimos el modelo del Consorcio de Transporte porque se ha articulado para que todas las decisiones se estén tomando por unanimidad.
-¿Hay una bolsa creciente de viviendas vacías en la Gran Sevilla, ¿qué soluciones plantean?
-Favorecer la salida al mercado del alquiler porque pensamos que es el gran desconocido, si bien las medidas no acaban de cuajar. Habrá que seguir trabajando para darle seguridad jurídica al propietario y al inquilino.
