La deuda, cifrada en 1.204,41 millones de euros, está saldada por el Gobierno central en 420 millones de euros. Dinero pagado en efectivo en 1997 y 2008. Restaban 784,2 millones de euros. Esa cantidad se pagará en solares en varias provincias andaluzas y con la titularidad de la sociedad Agesa S.A. El PP ha recurrido al Tribunal Constitucional ese pago en especie. Ahora dará un paso más, según anunció su diputado Carlos Rojas, y llevará al juez los documentos que reflejan cómo se han valorado esos terrenos.
La polémica se sitúa en la valoración de Agesa. La entonces consejera de Economía desveló que se contrataron dos empresas: Tasaciones Inmobilarias S.A. (Tinsa), para los terrenos y solares, y Valoraciones Generales Lógicas S.L, para Agesa. Esta firma privada contratada por la Junta no está acreditada por el Banco de España, tal y como lleva días insinuando el PP. Economía defendió su "rigor" y aseguró que no es necesaria la homologación de la empresa porque ésta no gestiona créditos hipotecarios. Sobre la mesa hubo varias cifras, detalló Martínez Aguayo. El Estado valoró Agesa en 599 millones de euros. La empresa contratada por la Junta, con domicilio fiscal en Sevilla y especializada en los suelos tecnológicos de la Cartuja -alegó la consejera- la cifró primero en 345 millones, añadiendo una serie de observaciones, cómo que le faltaba información sobre determinados suelos o sobre la antigüedad de algunos inmuebles. La Junta elevó finalmente esa cantidad a 509 millones. ¿Por qué esa diferencia? Según la Junta, detrás hay "razones técnicas". Para el PP no hay más que una maniobra política y se han "inflado" la cifras para cerrar un acuerdo con el Estado.
El diputado del PP subrayó en su intervención que la Junta se pase "por el arco del triunfo" que la empresa tasadora no esté homologada e insinuó que la tasación de Agesa fue encargada a posteriori para poder cerrar un acuerdo político en el plazo marcado por el Estatuto. El PP pedirá los papeles oficiales del proceso.
El portavoz de IU, Diego Valderas, denunció el "trilerismo político" y aseguró que la deuda se ha convertido en "un engaño". Hubo aviso para navegantes: si ellos llegarán al Gobierno, apuntó Valderas, reabrirían esa demanda al Estado.
Martínez Aguayo, dos años en su cargo, acumula seis comparecencias por la deuda, 12 preguntas orales y seis proposiciones no de ley. Habrá muchas más.
