La dirección del PP andaluz cerró ayer viernes filas con el alcalde de El Puerto, Enrique Moresco, a quien un empresario imputado en el caso Malaya, Manuel Lores, asegura haberle pagado 20.000 euros para su campaña electoral a cambio de favores urbanísticos. "Estamos con el alcalde al cien por cien, hasta las últimas consecuencias y respaldamos su gestión diaria", aseguró el líder del partido, Javier Arenas, que acusó al PSOE de orquestar una "operación falsa" para desprestigiar al regidor, antiguo miembro de Independientes Portuenses (IP), que fue declarado tránsfuga tras pasarse al PP.
El dirigente popular también apoyó las acciones legales que Moresco va a emprender porque, a su entender, esta denuncia afecta a su honor. El alcalde gaditano, que negó haber recibido dinero de Lores, anunció la creación de una comisión informativa para facilitar a los grupos del ayuntamiento toda la información que tiene acerca de la polémica. Dijo estar "tranquilo" porque su "honestidad" le avala, pero se mostró "indignado" por que el PSOE "está intentando sacar tajada partidista" del asunto. Los socialistas han llevado el caso a la Fiscalía Anticorrupción para que ésta lo investigue en profundidad y ayer pidieron a Arenas que respalde una comisión para aclarar la denuncia. El alcalde está "encantado" con esta acción porque cree que entonces se demostrará su inocencia.
Balance del año. Los populares celebraron el último comité ejecutivo regional antes de fin de año. El presidente de la formación hizo balance de 2008, en el que el PP ha "barrido" al PSOE en propuestas, aseguró. Frente a la iniciativa popular, "los socialistas se han dedicado a insultar", criticó. Arenas pidió al presidente, Manuel Chaves, que "cese la estrategia de descalificaciones", algo que denota -siguió- un "nerviosismo insólito cuando queda tanto tiempo para las elecciones".
Arenas anunció la novena ley que su partido ha presentado en el Parlamento: una norma para crear la agencia andaluza de evaluación de la Ley de Dependencia. A su juicio, la ejecución de esta ley es "un fracaso porque hay 80.000 andaluces en lista de espera para recibir una prestación y un 8% ha muerto antes de percibir las ayudas". Reprochó a Chaves que Andalucía "siga con los mismos problemas de hace 25 años".
