En todos los plenos se repite la misma escena. El PP se abstiene o vota en contra de un acuerdo menor y denuncia que es irregular. Su explicación es siempre la misma: no se deben aprobar gastos no incluidos en los presupuestos y sin fiscalizar. Ayer, la oposición hizo un cálculo: desde 1999 se han adjudicado 25 millones por esta vía.
El equipo de Gobierno suele recurrir a la vía administrativa del reconocimiento de crédito. Es una figura para abonar cantidades pendientes de pago a proveedores sin una partida asignada en los presupuestos que, según el PP, se realizan sin fiscalizar. Este trámite está diseñado para sacar adelante gastos que no habían sido incluidos en las cuentas del ejercicio y que son necesarios y de carácter urgente.
El PP considera, sin embargo, que se utilizan de forma ordinaria, como una vía para reducir el control de los expedientes y por una mala previsión. No hay una ilegalidad, aunque la oposición asegura que si alguien decide llevarlo a los tribunales se podría cuestionar la labor de los funcionarios que redactaron los informes de los acuerdos.
El edil del PP Gregorio Serrano -quien suele protagonizar los debates habituales en los plenos sobre los reconocimientos de crédito- realizó ayer un balance de los expedientes aprobados por esta vía por el Gobierno de Alfredo Sánchez Monteseirín. El resultado, 25 millones de euros desde 1999. Los años 2002 -con 3,7 millones de euros- y 2005 -con 3,4- fueron los ejercicios en los que más se recurrió a esta práctica.
Serrano cifró en más de 500 los expedientes aprobados en estos años por importes de todo tipo. Lo habitual -los acuerdos que suelen aprobarse en los plenos- son cuantías menores: inferiores a los 10.000 euros. Aunque hay casos más llamativos. Como la adjudicación de un servicio a domicilio en diciembre de 2007 por 2,3 millones de euros.
"Los ciudadanos y los proveedores deben tener claro que en este Ayuntamiento se contrata lo que al equipo de Gobierno le da la gana. Todos estos contratos son nulos de pleno derecho. Si alguien decide denunciar estos acuerdos, el Gobierno se encontrará con una acusación de prevaricación y la labor de los funcionarios que elaboran los expedientes se verá cuestionada", apuntó Serrano, quien admitió, no obstante, que la aprobación de estos acuerdos no es ilegal, pero que estos trámites están diseñados para operaciones extraordinarias por motivos no previstos.
El orden del día del Pleno del mes de mayo revela la utilización habitual de este recurso por parte del equipo de Gobierno: se aprobaron tres expedientes de estas características en un día: por los trabajos efectuados en los repetidores de la Policía Local en el puente del V Centenario; por diversos servicios prestados a la Delegación de Edificios Municipales y por los servicios vinculados a la Velá de Santa Ana, dependiente de Triana.
El Gobierno local respondió a través de su portavoz, Maribel Montaño: "En un exabrupto intolerable. El PP ha mezclado con evidente dolo la utilización que el Ayuntamiento hace de un instrumento absolutamente legal y fiscalizado por los órganos municipales para garantizar el pago a proveedores con hechos no probados".
