Un intento fallido de subir las tasas urbanísticas, el proyecto frustrado de Decathlon, el retraso del Caixafórum en las Atarazanas, las dimisiones en la Gerencia, el no desbloqueo definitivo de proyectos como el de Ikea, el parón de las VPO... La lista que ejemplos que pone en cuestión la eficacia del área de Urbanismo es larga, por eso ayer su delegado, Maximiliano Vílchez, utilizó el Pleno para justificarse y defender su gestión. Con un inusual tono encendido, Vílchez aplaudió su "trabajo con discreción" y lanzó algunas propuestas no exentas de todavía más polémica.
La primera, que si la Junta de Andalucía acepta la modificación del PGOU para que el Gobierno local pueda vender la antigua comisaría de la Gavidia destinará ese dinero, alrededor de 10 millones de euros, a un programa de empleo. Incluso destinaría a este plan contra el paro "lo que ahora cuesta mantener este edificio", 120.000 euros al año.
Las reacciones no se hicieron esperar, sobre todo porque el PP podría destinar a este plan de empleo, por ejemplo, los 7,5 millones transferidos desde el Patronato del Alcázar a las cuentas municipales, un dinero cuyo destino aún se desconoce.
PSOE e IU recordaron que el equipo de Juan Ignacio Zoido ya rechazó sus propuestas para poner en marcha un plan de empleo y, mientras el portavoz socialista, Juan Espadas, pidió la celebración de un Pleno monográfico sobre Urbanismo y una política "no a la carta, negociada y con todo sobre la mesa"; el portavoz de IU, Antonio Rodrigo Torrijos, tildó de "chantaje" y "soborno" la propuesta sobre la Gavidia. "Si la Junta acepta bordear la legalidad en la Gavidia, sí habrá dinero para el empleo. Es un caramelo envenenado", añadió.
Mientras Espadas defendía la posibilidad de destinar la Gavidia a otros usos que no sean un gran centro comercial y pedía conocer qué firma es la interesada, Rodrigo Torrijos insistió en que el PP quiere "hacer negocio" y conculcar los principios que marcan el actual Plan General de Ordenación Urbanística con modificaciones como la de la Gavidia o el parking en la Alameda.
Y no se quedaron ahí las propuestas de Vílchez. También adelantó que desde hace tiempo trabaja en modificaciones del PGOU que afectan a terrenos junto al estadio Olímpico (donde quería instalarse Decathlon), de Isla Mágica (que lleva años pidiéndolos) y Fibes (de cuyos terrenos tiene que salir parte de la financiación del nuevo auditorio). "Para que los inversores que vengan no se vayan", apostilló el delegado.
Además, en réplica a las críticas, añadió que el Ministerio de Vivienda suscribió con la Junta seis acuerdos para destinar 30 millones de euros a vivienda (en la Bachillera, El Vacie, Polígono Sur, Los Pajaritos...) y que de ellos sólo ejecutó 10,4 millones, de los que tres siguen sin justificación. "Dejaron pasar 20", lamentó.
Sobre el proyecto de Decathlon, defendió que un informe del 23 de julio de 2008 (del anterior gobierno) ya apunta que es necesario un cambio en el PGOU al ser una gran superficie comercial y que la empresa quiso en 2011 la licencia tras llevar esperando tres años. Lo cierto es que Urbanismo negoció con ellos en diciembre y febrero y tampoco tramitó ninguna salida al proyecto.
En cuanto al Caixafórum, Vílchez apeló a un informe de abril de 2011 (antes de llegar el PP a la Alcaldía) de la Gerencia en el que se pide un Plan Especial para poder dar la licencia de obra, pero eludió contar que el delegado provincial de Cultura de la Junta le comunicó al alcalde y a él mismo que tal plan no era necesario (como apuntan otros informes). Vílchez alegó que ese trámite, que retrasaría el proyecto alrededor de un año, es una "garantía" para que todo el mundo sepa qué se va a hacer allí.
