Tormenta de reacciones tras aprobarse el jueves entre PSOE e IU que los alcaldes o presidentes de las diputaciones andaluces no puedan ser diputados. El grupo de trabajo por la transparencia y calidad democrática constituido en el Parlamento incluyó esta propuesta en un dictamen que tendrá que recibir el visto bueno en pleno extraordinario el 21 de julio y que conlleva la modificación de la Ley de incompatibilidad de altos cargos de 2005, lo que requerirá un tiempo considerable, según el PSOE, y se hará efectiva ya en la próxima legislatura.
Además de ello, según dijo ayer la secretaria de organización socialista, Susana Díaz, se trata de una iniciativa también apoyada por el PP ya que, según manifestó Díaz, en el año 2004 Arenas anunció que pondría en práctica la regla "una persona, un cargo", con la excepción de la actual alcaldesa de Cádiz, Teófila Martínez, que en esos momentos también era parlamentaria autonómica y senadora. Según documentó con periódicos la dirigente socialista, el líder del PP en 2008 volvió a anunciar un cambio interno tras el 9-M para "evitar la duplicidad de cargos, con normas para restringir la coincidencia de alcalde y diputado". Díaz tildó a Arenas de "mentiroso y tramposo, que adapta su discurso en función de lo que convenga".
Y es que el presidente de los populares, que ya tachó la medida -que afecta a un tercio de los escaños del PP-de "golpe de Estado al municipalismo", volvió a cargar contra ella y ayer la llamó "aberración democrática". Según él, se debe a que el PSOE "no digiere el resultado de las elecciones municipales". Por ello, "exijo al presidente de la Junta que inmediatamente dé marcha atrás y renuncie a echar a los alcaldes del Parlamento de Andalucía".
Además, Arenas advirtió de que "empieza mal el camino de ese gobierno de coalición que busca con IU", y añadió que "no dependen las elecciones andaluzas de los despachos de Griñán y Diego Valderas, sino de lo que diga el pueblo soberano".
No es la única voz que se alzó ayer para criticar la medida, ya que el secretario general del partido, Antonio Sanz, también la consideró de "cacicada antidemocrática bajo el marco de la falsa política de transparencia". Por su parte, algunos de los alcaldes que tendrán que abandonar su escaño si se aprueba también se pronunciaron. Así por ejemplo, el portavoz del Ayuntamiento de Sevilla (gobernado por el popular Juan Ignacio Zoido) dijo que "van a silenciar la voz de los sevillanos en el Parlamento".
En lo que respecta a IU, su coordinador general, Diego Valderas, apuntó que las medidas de transparencia son aún insuficientes y avanzó que pedirá que ser senador también sea incompatible con ser alcalde.
