El paso dado por el alcalde, Juan Ignacio Zoido, de presentar una demanda contra la gestión de la Fundación de DeSevilla, que salpica a buena parte del anterior gobierno "no va contra nadie", ni siquiera contra el exalcalde Alfredo Sánchez Monteseirín y el que fuera primer teniente de alcalde, Antonio Rodrigo Torrijos. Aunque ambos aparecen citados en el escrito entregado al Juzgado de Primera Instancia número 10 de Sevilla, junto a un buen número de cargos de PSOE e IU, el Consistorio concretó ayer que en ningún momento se acusa a dirigente alguno, sino que "traslada unos hechos delictivos al juez, que será el que dirima responsabilidades".
En ese sentido, distingue este proceso judicial con otros abiertos por el PP, como la querella presentada con el caso Mercasevilla, donde sí se señala a personas.
Ese razonamiento es el que, indican estas fuentes municipales, trasladó Zoido a un grupo de parlamentarios socialistas, que lo entendieron como una disculpa a los señalados en la demanda. Y es que, aunque no se acusa, se cita de manera velada, a través de una correlación de nombres, a todos los que ocuparon cargos en el Patronato o la Comisión Ejecutiva, de manera que figuran, además de Monteseirín y Torrijos, los exconcejales socialistas Alfonso Mir, Juan Antonio Martínez Troncoso, Emilio Carrillo; el por aquel entonces gerente de Urbanismo, Manuel Marchena; los exgerentes de Tussam Guillermo Gutiérrez y Juan Ramón Troncoso; o el histórico dirigente socialista Manuel Copete, así como los exediles de IU Carlos Vázquez y Jon Ander Sánchez, el exgerente de DeSevilla Miguel López Adán, o varios sindicalistas de UGT y CCOO. Sus nombres figuran en una demanda en el que se exponen indicios de presuntos delitos societarios, apropiación indebida, malversación de caudales públicos, fraude en subvenciones o delitos contra Hacienda y la Seguridad Social.
Frente a esa demanda está la valoración de la oposición, que ha entendido la apertura de este proceso judicial en estos momentos como "maniobra para desviar la atención". Y es que la versión que aportan PSOE e IU es que Zoido podría haber acudido a los tribunales en octubre de 2011, cuando así lo aprobó el Patronato de la fundación en base a varios informes que apuntaban a estos delitos y no un año después. Al respecto, el portavoz del Gobierno local, Francisco Pérez, justificó ese in pass en que no querían "actuar con ligereza" y, por ello, han actuado "con el tiempo suficiente para estudiar todos los informes" y presentar "una demanda seria". Esa explicación no casa con la teoría esgrimida por la oposición, que ve más una "cortina de humo": el PSOE apunta a que la demanda responde a una estrategia de "difuminar" el "fiasco" de la rehabilitación de las Atarazanas, mientras que IU, a través del Consejo Local, lo tilde de "balón de oxígeno" a Zoido para tapar "el éxito de la huelga general en la capital hispalense" o "la incapacidad de sacar adelante sus promesas-milagro", entre las que citan la creación de empleo, la llegada de Decathlon al Olímpico o su promesa de no subir los impuestos.
El portavoz socialista, Juan Espadas, recriminó además que la denuncia se presentara de forma que intente "extender responsabilidades sobre todo bicho viviente que haya pasado por el Ayuntamiento" para "manchar" la imagen del gobierno anterior. Es más, precisó que Monteseirín, "ni llevaba la Presidencia ni la dirección directa de la fundación". Ante estas quejas, respondió el portavoz del PP en el Consistorio. Juan Bueno no sólo lamentó estas valoraciones, sino que las utilizó como una demostración de tener "más ganas de ocultar que de aclarar", ya que "no niegan los hechos".
