Después de los últimos éxitos policiales contra la cúpula de ETA, la sociedad española asiste a una nueva escenificación de la división de los partidos democráticos en torno a la lucha contra esta banda criminal y sus organizaciones satélite. Este nuevo distanciamiento viene marcado por dos posicionamientos de una beligerancia que recuerda a la anterior legislatura y que, al menos en apariencia, están íntimamente ligados entre sí.
De un lado, las insinuaciones lanzadas por dirigentes como Esperanza Aguirre en las que se acusaba al Gobierno, de forma velada y sin prueba alguna, de querer emprender una nueva negociación con la organización etarra. Y, del otro, el debate suscitado en torno a la disolución de los ayuntamientos gobernados por ANV. Sobre lo primero, poco más se puede decir más que es un ejemplo de un estilo de hacer política que juega con la insidia para erosionar tanto al PSOE.. como a la propia cúpula del PP, a la que se intenta desgastar con vistas a un futuro relevo en la calle Génova. Quién sabe si estos ataques subterráneos son los causantes de que la dirección de Mariano Rajoy haya decidido aparcar los consensos establecidos este verano y regresar al aliento bronco y crispado de la etapa de Zaplana y Acebes en un intento bastante forzado de evitar ante los suyos una imagen de blandura y calmar a quienes abogan por la vuelta a la línea frentista.
El ejemplo se vivió el martes por la tarde en el Congreso. Allí, se rechazó una moción de la diputada de UPD, Rosa Díez, apoyada por un PP que marcaba distancias con el PSOE de forma muy aparatosa, en la que se reclamaba la disolución inmediata de los 42 ayuntamientos gobernados por Acción Nacionalista Vasca (ANV). La moción fracasó por la oposición socialista, que abogó en cambio por una estrategia con tres líneas de trabajo: 1) la presentación de mociones de censura en aquellos municipios en los que no se condene la violencia terrorista; 2) la vigilancia de aquellas actuaciones que puedan implicar el apoyo o enaltecimiento de actos terroristas y 3) la promoción de una futura reforma legal que impida el gobierno en una institución democrática de quienes provengan de formaciones políticas ilegalizadas.
Se pretenda o no, esta escenificación de una fractura democrática suena un tanto forzada. La inmensa mayoría de los españoles coincide en su rechazo visceral hacia quienes llevan su cinismo a los ayuntamientos vascos, como es el caso de los ediles de ANV, y en la exigencia de una respuesta democrática contundente. Pero conviene mantener una cierta frialdad y no dejarse llevar por impulsos que, a la larga, se pueden volver en contra. A quienes apoyan a los terroristas hay que aislarlos socialmente y actuar contra ellos cuando la ley lo permita. Pero siempre después de haber amarrado los consensos necesarios, sobre todo entre las dos grandes formaciones del país, el PSOE y el PP. En caso contrario, los mismos que abominan de la democracia se terminan aprovechando de ella y de su Estado de Derecho y es la sociedad la que sufre haber cogido un mal atajo por intereses partidistas.
