El PP sitúa la lucha contra la corrupción como "uno de los objetivos principales" de la formación, por entender que el funcionamiento del sistema democrático "no debe quedar nunca en entredicho por actitudes permisivas, indolentes o exculpatorias ante la gravedad de determinados comportamientos". Así, plantea la creación de un sistema de auditoría interna en el seno del PP para velar por el cumplimiento del Código de Buenas Prácticas que aprobaron hace un año y se compromete a actuar "ante cualquier supuesto de denuncia o de incoación de procedimientos judiciales".
Estas promesas se recogen en el programa-marco electoral para las elecciones autonómicas, bajo el título 'Más sociedad, mejor gobierno. Compromiso 2011-2015', que el PP ha hecho público este viernes con motivo de la convención que se celebra en Palma de Mallorca con sus candidatos para dar el pistoletazo de salida a los comicios de mayo.
En ese documento, en el apartado de regeneración, el PP reivindica la política como una "actividad noble" y subraya que la gran mayoría de quienes se dedican a la gestión pública "son personas honradas, con probada vocación de servicio". Sin embargo, admite que existen "ciertas prácticas corruptas y comportamientos ilegales en las actuaciones de algunos responsables políticos". "Por eso debemos luchar contra ellas con tanta firmeza como repulsa social levantan", subraya.
El PP asegura que están "comprometidos con la transparencia y la lucha contra la corrupción", algo que, a su juicio, ya demostraron en su día cuando presentó al resto de fuerzas políticas un acuerdo de 'Bases para el Pacto por la Transparencia y contra la corrupción'. "Y lo volverá a presentar ante la ciudadanía y los partidos políticos para su aprobación", proclama.
En este sentido, plantea someter a "un mayor control y fiscalización los ingresos, el patrimonio, las actividades privadas y las actuaciones públicas de todos los cargos públicos". Por ello, añade, publicarán "las retribuciones íntegras de los cargos públicos y electos, directivos y personal de confianza de las instituciones y de sus gastos de representación".
Reforma del código penal
Tras afirmar que la respuesta ante los casos de corrupción debe ser "justa y contundente", ve necesario "reformar el Código Penal, ampliando y endureciendo los tipos penales relativos a corrupción, adecuando las sanciones para cargos y empleados públicos para que sean ejemplarizantes, proporcionales y disuasorias".
Además, plantea ampliar los plazos de prescripción de esos delitos, endurecer las penas por denuncias falsas y mejorar la protección de los empleados públicos que denuncien actividades fraudulentas o corruptas. También aboga por una reforma procesal que permita el enjuiciamiento rápido de estos supuestos, para permitir el normal funcionamiento del proceso político.
El PP apuesta por "profundizar en la transparencia y objetividad de la actuación pública y con este objetivo propone que se publique detalladamente "los procedimientos de concesión de contratos, subvenciones y ayudas, con determinación de la cuantía y del beneficiario, y con el máximo nivel de transparencia acerca de las personas jurídicas solicitantes".
Además, el PP sostiene que la administración debe contar con los sistemas de control y fiscalización adecuados y para ello defiende "fortalecer en la administración local la figura y función de los secretarios, interventores y tesoreros y, en particular, reforzar su facultar de formular reparos de ilegalidad".
Finalmente, el partido de Mariano Rajoy destaca "su compromiso de contundencia y celeridad" contra las prácticas corruptas en las administraciones públicas. Con este fin, dice que crearán un sistema de auditoria interna en el seno del PP para "velar por el cumplimiento de Código de Buenas Prácticas, de los compromisos de conducta asumidos por los candidatos del PP y para realizar investigaciones de cualquier supuesto de malas prácticas, uso indebido de recursos públicos o del partido, o presuntos delitos". Según concluye, el PP actuará "ante cualquier supuesto de denuncia o de incoación de procedimientos judiciales".
Los barones del PSOE, apoyo de Zapatero
En la convención también ha habido referencias al partido del gobierno al que los populares aspiran destronar de grandes comunidades y ciudades. La secretaria general, María Dolores de Cospedal ha destacado que en estos meses de crisis económica "ningún dirigente socialista ha levantado una sola palabra" contra "el mayor recorte de derechos sociales" y, por lo tanto, son "coautores" de la política económica que ha aplicado en España el Ejecutivo socialista.
"Ningún español va a olvidar que los dirigentes territoriales del PSOE han sido los principales apoyos a la nefasta política de Zapatero", ha afirmado, para añadir que no han criticado esas políticas del presidente del Gobierno "con tal de aferrarse al sillón".
El PP, ha proseguido Cospedal, tiene un "compromiso firme y claro" con los ciudadanos, que se plasmará en Administraciones "modélicas" que contribuirán a que la España de las Autonomías "vuelva a ser la España de las oportunidades". "Vamos a abordar en todas las administraciones el cambio que es necesario para nuestro país, porque el éxito colectivo nace de la suma de muchas voluntades", ha indicado.
