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El PP y la defensa de Mellet responsabilizan a los cargos políticos

Tras concluir el informe policial que no hay responsabilidades penales de la ejecutiva y el consejo de administración, el PP pide responsabilidades políticas del Gobierno local

 

el 27 nov 2009 / 22:42 h.

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El informe policial detecta irregularidades, pero no puede demostrar que los miembros de la comisión ejecutiva y del consejo de administración tuvieran conocimiento de ellas, por lo que entiende que no puede imputarles de momento delitos. Centra por tanto las responsabilidades en Fernando Mellet –el “gran artífice”–, Domingo Enrique Castaño; María Victoria Bustamante, Jorge Piñero y dos personas aún no imputadas en estas diligencias: Regla Pereira y Daniel Ponce. El Gobierno local, a través de su portavoz, subrayó que la lectura de la Policía coincide con las explicaciones dadas desde el Ayuntamiento que ha incidido en repetidas ocasiones en que se actuó de acuerdo a informes técnicos y que por tanto no hay responsabilidades.


El PP rechazó este planteamiento, a través del edil Beltrán Pérez: “Es un inmenso escándalo. Que no haya responsabilidades penales, no quiere decir que no las haya políticas. Pero en cualquier caso, aún queda mucho, que nadie saque pecho con esto. Es intolerable que no se hayan producido aún dimisiones”. El abogado de Fernando Mellet, José Manuel Sánchez del Águila, censuró también este informe que atribuye a su cliente el papel de “gran artifice”: “Es una expresión que no viene justificada en ningún punto del informe. Sólo en un apartado final que parece añadido a posteriori. Los únicos que podían decidir eran los miembros de la comisión ejecutiva como Antonio Rodrigo Torrijos, Gonzalo Crespo y Domingo Enrique Castaño”.

El PP censuró ayer la declaración ante la Policía de una de estas tres personas: Antonio Rodrigo Torrijos. Pese a que en sesiones del consejo de administración defendió el ERE, en sus respuestas a la Policía se limitó a señalar que “el tema fue anterior a mi entrada”. Asume la autoría de la propuesta de que fuera un concurso público y no una subasta, y de que se incluyeran cláusulas sociales pero niega conocer el pliego de condiciones: “No lo conocía más allá de lo imprescindible. No sé quien lo hizo”. 

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