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El presidente de la Audiencia de Huelva presidirá el jurado del caso Mariluz

Jesús Fernández Entralgo ha sido designado presidente del jurado popular.

el 12 ago 2010 / 09:28 h.

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El presidente de la Audiencia Provincial de Huelva, Jesús Fernández Entralgo, ha sido designado presidente del jurado popular que enjuiciará al pederasta Santiago del Valle y a su hermana Rosa, por el presunto asesinato de la niña Mari Luz Cortés en enero de 2008.

Según han indicado a Efe fuentes de la Fiscalía, la designación de Fernández Entralgo, adelantada hoy por Huelva Información, se ha realizado según el turno establecido, si bien éste va a presentar su abstención para evitar que ocurra lo sucedido en Sevilla con el caso Marta del Castillo y el juicio "encuentre obstáculos en el camino y se demore más en el tiempo".

Desde la Fiscalía se ha indicado que dicha abstención, que tendrá que ser resuelta por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, está justificada en el hecho de que "su imparcialidad pueda estar en entredicho" toda vez que su sección, la Primera de la Audiencia Provincial, ha visto y resuelto todos los recursos de apelación en el trámite de este caso y además fue la que decidió que el mismo continuara por el procedimiento de la Ley del Jurado.

Se prevé que el magistrado presente el escrito de abstención a la vuelta de vacaciones y, de ser aceptado, la presidencia del jurado pasaría al siguiente magistrado en este turno, el juez de la Sección Tercera, José María Méndez Burguillo.

Una vez que se designe definitivamente al magistrado que presidirá el jurado, dictará auto de hechos justiciables y fijará la fecha de celebración del juicio.

El expediente judicial del caso Mari Luz se encuentra en la Audiencia desde el mes de julio después de que la titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Huelva, María José Fernández Maqueda, dictara apertura de juicio oral.

Santiago del Valle se enfrenta a una petición de condena de entre 23 y 32 años de prisión y su hermana Rosa a una de entre 17 y 20 años, mientras que las defensas solicitan su libre absolución al considerar que no hay pruebas para condenarlos.

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