La imputación de los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán por el caso ERE ha desatado un debate jurídico y técnico y una bronca política de amplio espectro. El primero tiene poco recorrido, pero la segunda amenaza con arañar los intereses electorales del PSOE andaluz de Susana Díaz de cara a las elecciones del 22 de marzo. El debate jurídico tiene poco recorrido porque ayer mismo el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, reafirmó la tesis del PSOE al subrayar que la imputación de Chaves y Griñán es un «mero trámite» que resultaba «necesario y obligatorio» dadas las circunstancias. «No significa nada a día de hoy», remachó Lesmes, «una vez se les reciba declaración podrá haber ya decisión por parte del instructor». Lesmes explicó lo mismo que explicaron todos los socialistas el día antes incluido los dos principales afectados, a saber, que lo que hay hasta el momento es una «decisión del instructor de tomarles declaración» tras recibir la «exposición razonada» de la juez instructora del caso, Mercedes Alaya, y en ese sentido «no pueden ir a declarar en otra condición que no sea la de imputado». Lesmes preside el tribunal que ha recibido de Alaya la parte del caso ERE que afecta a cinco políticos aforados: Chaves, Griñán, el exconsejero de Empleo y diputado en las Cortes, José Antonio Viera, y los extitulares de Presidencia, Gaspar Zarrías (diputado) y Mar Moreno (senadora). El Supremo los ha citado a declarar tras las elecciones andaluzas, entre el 9 y el 21 de abril, y poco antes de las municipales.
Estar imputado, como lo están Chaves y Griñán, no es más que una garantía procesal para que puedan acudir a declarar ante el juez Alberto Jorge Barreiro asistidos por sus abogados. Pero en los últimos años, los casos de corrupción se han multiplicado y su repercusión social, en mitad de una crisis económica sin parangón que también ha enfrentado a la ciudadanía con la clase política, ha hecho que en el imaginario colectivo, la gente entienda la palabra imputado como sinónimo de culpable.
El término «se ha manipulado tanto», dicen los juristas, que la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal prevé borrarlo de su diccionario, y sustituirlo por otro menos invasivo. Los medios de comunicación han contribuido a esa confusión, pero también los mismos partidos políticos, que indistintamente se arrojan a la cara el término imputado, otorgándole un significado de culpable cuando afecta al adversario, y alegando presunción de inocencia cuando aparece en las filas propias. «No todos los imputados son iguales», llegó a decir un dirigente del PP andaluz. No es lo mismo un alcalde imputado por un asunto relacionado con su gestión administrativa (por denuncia vecinal) que un alcalde imputado por un delito de corrupción urbanística.
No es lo mismo estar imputado como garantía procesal ante el juez, que estar imputado de un delito (aunque Alaya se especializó en anunciar sus delitos a los imputados en el momento de llamarles a declarar). Sea como fuere, esta distinción es la que subraya el PSOE para el caso de Chaves y Griñán. Su secretario general, Pedro Sánchez, coincide en esto con Susana Díaz: «Cuando se produzca esa imputación con delito, si es que se produce, el PSOE actuará y cumpliré con mi palabra», dijo este miércoles en el Congreso.
El problema de los socialistas es que Díaz sobrepasó por su cuenta el código ético del PSOE, y anunció (sin advertírselo a los implicados ni a la dirección federal) que «cualquier persona que resulte imputado por el Supremo o el TSJA tendrá que dejar el escaño». Luego matizó sus palabras y añadió que pediría la dimisión en cuanto el juez les imputase un delito concreto. La propuesta seguía yendo más allá del código ético del PSOE, pero esta vez fue refrendada por el propio Sánchez.
Ahora el PP, IU (exsocio de Gobierno del PSOE) y el resto de formaciones usan aquel compromiso de Susana Díaz (y sus matices) para exigir las dimisiones de Chaves y Griñán, y para atacar al PSOE y a la candidata a la Junta, cuyo flanco más débil es la sombra de corrupción de los ERE. El fraude en los expedientes de regulación de empleo acumula 266 imputados, y pone bajo sospecha un fondo de 855 millones. Díaz eliminó de su gabinete a los consejeros salpicados por los ERE, y luego los sacó de las candidaturas a las andaluzas. Pero la herida sigue abierta.
