El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Lorenzo del Río, instó ayer a la jueza Mercedes Alaya a dar por terminada su instrucción sobre el fraude en los expedientes de regulación de empleo pagados con fondos públicos. Lo hizo durante la apertura del año judicial, cuando no habían pasado ni 24 horas desde el último movimiento de la jueza en el que, lejos de retirarse, abre una nueva línea de investigación sobre el caso ERE y decreta secreto de sumario para evitar filtraciones.
Del Río no tiene competencias para retirar del caso a la titular del juzgado de instrucción número 6 de Sevilla, pero el mensaje que le envió ayer fue nítido: Alaya debe desprenderse ya del caso de los ERE y trasladarlo cuanto antes al juzgado correspondiente, a saber: un tribunal superior competente para dirimir la responsabilidad de los políticos aforados señalados por la jueza, ya sea el TSJA o el Supremo. Yo creo que la propia juez es consciente de que en un tiempo ya cercano tiene que ir delimitando esa instrucción, cerrándola, para que se pueda ir llevando a los tribunales que correspondan, sostuvo Del Río en una entrevista en RNE en Granada. Un día antes, la jueza había decidido abrir nuevas diligencias, al margen del sumario principal, que apuntan a las posibles comisiones ilegales que cobraban los sindicatos por mediar en el pago de las ayudas a parados y empresas en crisis. Esta rama de la investigación surge a partir de un oficio de la Guardia Civil, y se aleja de la trama política del caso en el que la jueza ha señalado directamente a la cúpula del Gobierno andaluz durante los últimos 20 años. La instrucción del caso ERE se ha alargado casi tres años, acumula una lista de 116 imputados de los que más de un tercio aún no ha testificado. Sus ramificaciones se extienden a políticos, empresarios, sindicalistas, abogados y aseguradoras, y en los últimos días la jueza instructora ha señalado a dos expresidentes del Gobierno andaluz Manuel Chaves y José Antonio Griñán y a cinco exconsejeros, a los que achaca una cierta carga incriminatoria, sin llegar a imputarles delito alguno porque dicha potestad queda al margen de sus competencias (al estar aforados). Ese último auto, muy cuestionado entre juristas, parece haber llegado a un punto de inflexión: para que la instrucción avance por ese camino a Alaya no le quedará más remedio que derivar el caso al Supremo, un escenario que el presidente del TSJA volvió a recordarle ayer. Sin embargo la jueza, como ha dejado dicho en su último auto, no tiene de momento intención de desprenderse del caso.
Del Río insistió en subrayar el retraso que acumula la instrucción, y advierte de que los tiempos delicados que ya suma el caso recomiendan que sea trasladado cuanto antes al juez natural, predeterminado por la ley. No obstante, Del Río es consciente de que se intuye que una instrucción de este tipo tiene que ser larga por el número de imputados y la gran cantidad de documentales, folios y periciales. No es lo mismo hablar de dilaciones en un proceso simple que en uno muy complejo como éste, matizó.
SIN RECURRIR
Por otro lado, el gabinete jurídico de la Junta tiene la intención de no recurrir el auto en el que Alaya plantea la imputación de Griñán y Chaves, confirmó ayer el portavoz del Gobierno andaluz, Miguel Ángel Vázquez. La decisión viene precedida por el anuncio de la Fiscalía Anticorrupción, que sí recurrirá el auto para que dicte una nueva resolución judicial en la que concrete los hechos por los que cada uno de los aforados puede ser objeto de investigación, pues al no hacerlo genera la misma indefensión que pretende evitar.
Vázquez ha desligado la decisión del gabinete jurídico de la Junta de las consideraciones del Consejo de Gobierno. Preguntado por si hay un cambio de estrategia por parte de la Junta, que sí recurrió el auto dictado a finales de junio en el que imputaba a 20 altos y exaltos cargos de la administración, entre ellos la exministra y exconsejera Magdalena Alvarez, el portavoz negó la mayor e insistió en que se trata de una decisión del gabinete jurídico en función de criterios técnicos, profesionales y jurídicos que no tiene componente política. En aquel momento el gabinete jurídico decidió que había motivos para presentar un recurso y en este momento ha entendido que no los hay. Esta cuestión no tiene una componente política, ni siquiera de negociación política, sino una componente jurídica, subrayó el portavoz.
En la misma línea, el vicepresidente de la Junta, Diego Valderas, confirmó que la posibilidad de recurrir el auto no se ha tratado en absoluto en el Consejo de Gobierno ni ha sido objeto de análisis entre los socios de gobierno, aunque ha admitido que desconoce si se ha tratado en las relaciones autónomas entre los partidos que integran el gabinete, PSOE-A e IU.
