Guerrero y su abogado, Fernando de Pablo, en el juzgado
Francisco Javier Guerrero, el principal imputado en la trama corrupta de los ERE, no tiene abogado. El letrado Fernando de Pablo decidió ayer renunciar a la defensa del exdirector general de Trabajo de la Junta de Andalucía después de que éste declarara ante la jueza Mercedes Alaya a pesar de que su abogado le recomendó no hacerlo. La magistrada que instruye la causa de los Expedientes de Regulación de Empleo fraudulentos envió el pasado miércoles a Guerrero de nuevo a prisión, comunicada y sin fianza.
Fuentes del caso informaron a Europa Press de que el letrado elevó ayer un escrito ante el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla en el que comunica su decisión de dejar la defensa del exalto cargo de la Junta en este procedimiento penal, por lo que el imputado deberá designar ahora nuevo abogado y procurador.
El letrado abandona la defensa de Francisco Javier Guerrero después de que, el pasado miércoles, su cliente prestara declaración ante Alaya pese a su recomendación para que no lo hiciera, por lo que existe una disparidad de criterios que han motivado su renuncia como defensor.
La jueza ordenó el ingreso en prisión de Guerrero tras imputarlo por sendos delitos continuados de prevaricación, malversación, y cohecho, así como un delito de asociación ilícita. El exdirector general de Trabajo ya había estado más de siete meses entre rejas.
Para tomar esta decisión, la jueza Alaya aludió a la posibilidad de que la actuación del inculpado pueda obstaculizar las diligencias de investigación, así como malograr el fin perseguido con el secreto decretado de las actuaciones, pues estando en libertad puede influir en medios de prueba que pudieran serle desfavorables, a lo que se suma la escasa colaboración y el escaso nivel de respuesta del imputado.
Al hilo de ello, las fuentes consultadas indicaron que, junto al documento en el que desiste de su defensa, Fernando de Pablo presentó un último escrito en el que recurre en reforma el auto de prisión dictado por la jueza al no estar de acuerdo con los argumentos vertidos en el mismo.
En primer lugar, el abogado rechaza el argumento esgrimido por la magistrada en cuanto a la importancia de los nuevos indicios obtenidos, así como la gravedad de los nuevos delitos que se le imputan, un aspecto éste que no puede discutir al estar la causa bajo secreto y no conocer lo que hay en el sumario, lo que crea una situación de indefensión natural.
La jueza también considera la posibilidad de que la actuación del inculpado pueda obstaculizar las diligencias de investigación, así como malograr el fin perseguido con el secreto decretado de las actuaciones, una tesis que también ataca el abogado en su recurso, ya que, al estar secretas y no conocerlas, difícilmente puede obstaculizar dichas diligencias. El abogado de Guerrero pide su puesta en libertad y advierte de que, en caso de no estimar el recurso y una vez se levante el secreto de sumario, tendrá que excarcelarlo casi de oficio. Alaya ya decretó hace un año su ingreso en prisión como presunto autor de hasta seis delitos: prevaricación, malversación de caudales públicos y cohecho, así como dos de falsedad documental y un último delito de falsedad en documento mercantil.
