El dictamen de la comisión de investigación en el Parlamento sobre el fraude de los Expedientes de Regulación de Empleo irregulares pagados con dinero público ha abierto una brecha entre los socios del Gobierno andaluz. El texto asume las tesis de IU y apunta a los exconsejeros de Empleo Antonio Fernández y José Antonio Viera como el "máximo nivel de responsabilidad" del caso. El PSOE no puede asumir esta conclusión. La consejera de la Presidencia, Susana Díaz, reconoció ayer "discrepancia" con IU -la calificó de "sana"- porque "hay elementos" del dictamen con los que el PSOE no coincide,. Situó la responsabilidad política y el "kilómetro cero" de las irregularidades en la Dirección General de Trabajo.
El dictamen elaborado por Ignacio García (IU) pone en un brete al PSOE. Fernández ya no milita en el partido pero Viera es diputado en el Congreso y no piensa renunciar a su escaño. El vicesecretario general del PSOE andaluz, Mario Jiménez, dejó claro ayer que su partido no "va a amparar a corruptos" y dijo que "si alguien ha metido la mano o la pata, que lo pague". Para Jiménez, las "conclusiones están claras" y se sitúan en el "ámbito de la Dirección General de Trabajo", por lo que reclamó que "lo que haya ocurrido, se esclarezca" y que el proceso judicial "llegue hasta las últimas consecuencias". Garantizó que los socialistas no van a "defender a nadie que en nombre del PSOE sea capaz de quedarse con un céntimo de euro de dinero público" porque "nosotros no queremos a corruptos".
El número dos del PP-A, José Luis Sanz, avisó de que su formación "no se va a conformar" con el dictamen registrado el viernes. Tildó al vicepresidente de la Junta y coordinador de IU, Diego Valderas, de "iluso" al creer que ambos exconsejeros "pusieron en marcha el escándalo de los ERE sin que lo supiera" el expresidente del Gobierno andaluz Manuel Chaves y su sucesor, José Antonio Griñán, exconsejero de Economía.
