El episodio vivido el pasado jueves en los tribunales, cuando el exviceconsejero de Presidencia, Antonio Lozano, decidió interrumpir su declaración ante la jueza Mercedes Alaya tras un tenso interrogatorio y después de que ésta la acusara de estar haciendo teatro, provocó ayer que el PSOE-A arremetiera duramente contra la magistrada. El vicesecretario general del PSOE-A, Mario Jiménez, consideró muy grave lo que está ocurriendo en la instrucción del caso sobre las irregularidades en expedientes de regulación de empleo (ERE). Criticó directamente a Alaya por usar expresiones ofensivas contra las personas que acuden a declarar e impedir grabar las declaraciones.
Las críticas de los socialistas ya han dejado de ser insinuaciones para convertirse en duras acusaciones en toda regla. El número dos del partido en Andalucía subrayó el nivel de contaminación política que hay en todo lo que está ocurriendo y apuntó a lo ocurrido con el exdirector general de Presupuestos de la Junta, Antonio Lozano, como muestra de los términos en que se viene produciendo la instrucción del caso, con falta de rigor y sin garantizar la tutela judicial efectiva de las personas vinculadas a la causa.
El interrogatorio a quien fuera número dos de Presidencia en el último Gobierno ha elevado un punto más la crispación frente a la magistrada, que ya se desbordó con el auto en el que planteó la imputación de los expresidentes de la Junta José Antonio Griñán y Manuel Chaves y de cinco exconsejeros, sin decir por qué motivos, según advirtió posteriormente la Fiscalía Anticorrupción en un recurso.
Jiménez criticó que el jueves se le leyeran las imputaciones a Lozano, sin contar con un plazo razonable para analizarlas, acusándosele de malversación y prevaricación. Según Jiménez, no se puede acusar de malversación a una persona que no tiene capacidad de gasto, como es el caso de un director general de Presupuestos de la Junta, que no puede con su firma disponer en qué se gastan las cosas. No lo entendemos en absoluto, expresó el dirigente socialista, para quien también se produjo una situación muy complicada que están seguros de que va a tener consecuencias jurídicas graves en términos de valoración de la instrucción, como es el hecho de que se estuviera prohibiendo la grabación de los testimonios de las personas que acuden al juzgado. Asimismo, expresó su preocupación por que la juez recurra a expresiones ofensivas y esté reconviniendo a las personas que están declarando, algo que está expresamente prohibido por la ley.
La justicia sin garantía no es justicia, advirtió el dirigente socialista, quien insistió que lo que ocurrió ayer en el Juzgado de Instrucción número 6 fue muy grave y pone de manifiesto las condiciones en la que se está administrando justicia en el mismo.
El mismo jueves que el exnúmero dos de Presidencia declaraba ante Alaya se conoció que la Fiscalía Anticorrupción desestimaba el recurso de la exconsejera de Hacienda Magdalena Álvarez. Anticorrupción afirma en su escrito que la exconsejera y exministra participó presuntamente en el uso perverso de las llamadas transferencias de financiación, la fórmula empleada para pagar las ayudas de los ERE, porque las hizo posible o simplemente no las evitó.
En un escrito en el que apoya la imputación en la causa de Álvarez que está citada ante la juez Mercedes Alaya el próximo 8 de octubre la Fiscalía dice que la fórmula montada tiene una apariencia formal de legalidad pero una última finalidad fraudulenta, indiciariamente delictiva, que supera la categoría de infracción o irregularidad administrativa.
Anticorrupción se opone al recurso de Álvarez contra su imputación porque en este momento procesal no es preciso que los imputados dispongan de un pormenorizado relato de todos y cada uno de los hechos que se les atribuyen y que tienen relevancia penal.
Recurso del PP // Dentro de esta batalla judicial en la que se está convirtiendo la instrucción de los ERE; la Fiscalía Anticorrupción también se pronunció ayer sobre el elevado por el Partido Popular contra la decisión de la jueza de admitir a trámite el recurso de la Junta contra el auto del pasado julio que imputaba a 20 exaltos cargos del Gobierno. El ministerio público se opone al recurso del PP aunque, según fuentes judiciales, no entra en el fondo y no se pronuncia sobre la petición de que la Junta fuera expulsada como acusación particular. Los populares reclamaron que el Gobierno andaluz fuera apartado de la causa, después de recurrir la imputación de 20 exaltos cargos, subrayando que es un gravísimo fraude procesal y que es tan imposible soplar y sorber al mismo tiempo, como incompatible es acusar y defendera la vez.
Otro de los asuntos dirimidos por Anticorrupción es la polémica porque los abogados del caso ERE defiendan a dos altos cargos al mismo tiempo. La jueza Mercedes Alaya prohibió a una serie de letrados que asumieran la defensa de dos cargos o exaltos cargos de la Junta al mismo tiempo.El ministerio público se ha opuesto a varios recursos interpuestos por distintos letrados afectados por esta decisión. Entiende que la incompatibilidad es manifiesta y da a los afectados tres días para que designen nuevos letrados.
El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, defendió ayer la posición de la Fiscalía de imparcialidad y objetividad, aseguró durante un acto en Málaga. Torres-Dulce salía así al paso tras las críticas porque Anticorrupción haya recurrido el auto que plantea la imputación de dos expresidentes de la Junta y cinco exconsejeros y recordó que coinciden muy mayoritariamente con las decisiones de la señora juez.
