El PSOE-A ya ha iniciado la suspensión de militancia del exconsejero de Hacienda de la Junta de Andalucía, Ángel Ojeda, según ha confirmado en una entrevista a Europa Press el secretario de Política Federal del PSOE, Antonio Pradas.
El actual 'número tres' de la Ejecutiva federal del PSOE ha querido dejar claro, además, que Ojeda "nunca ha sido ningún referente de nada" en el socialismo andaluz y que, de hecho, antes de que fuera detenido en el marco de la 'Operación Oscar' que investiga un presunto fraude en subvenciones a cursos de formación profesional para trabajadores, "nadie se acordaba de él".
"Este tema ha tomado relevancia porque ha habido un caso concreto donde se ha visto implicado un señor que, aunque he visto escrito por ahí que era un referente del socialismo andaluz, yo le aseguro que nunca ha sido ningún referente de nada. Ni me acordaba de él, le doy mi palabra. Nadie tenía ni idea ni se acordaba de este hombre", ha agregado.
Pradas, que ha querido ser muy respetuoso con las decisiones a nivel orgánico de las ejecutivas autonómicas, sí que ha señalado, no obstante, que le consta que el PSOE en Andalucía ha iniciado la suspensión de militancia de Ojeda. "Que yo sepa, de ninguno más", ha apostillado tras ser preguntado sobre si se había tomado la misma decisión con otros socialistas implicados en posibles casos de fraude de fondos públicos.
Aún así, Pradas ha querido llamar la atención sobre lo que, a su juicio, es lo "importante" de este caso y es que "el tema de la formación saltó primero en Madrid y en otras comunidades" y que la Junta de Andalucía está "haciendo lo que debe de hacer".
Es decir, en primer lugar siguiendo "los consejos" de la Cámara de Cuentas y la Intervención General para "que no hubiera ningún tipo de sospecha de lo que se estaba desarrollando en ese momento o se iba a desarrollar en el futuro" y, por tanto, "eliminando cualquier tipo de exoneración o aplazamiento en las exoneraciones"; y, en segundo lugar, "haciendo, por supuesto, todos los controles necesarios en estos cursos, que tampoco podemos olvidar que son muy necesarios para el reciclaje de desempleados".
Pradas ha insistido en que el actual Gobierno de Susana Díaz no ha dado subvenciones para cursos de formación ni ha exonerado a nadie y que, "en relación al pasado, colabora con la justicia y facilita la información que esta le va demandando" además de estar, "a título particular, revisando uno a uno todos los expedientes para que, si hubiera algún tipo de irregularidad, ya fuera administrativa o penal, se ponga en conocimiento, bien del interesado reclamándole la cantidad, o bien trasladándolo a los juzgados si fuera necesario en caso de una responsabilidad mayor". "Eso es lo que se está haciendo y creo que es el camino correcto", ha enfatizado el socialista.
APOYO A LA "TRAYECTORIA INTACHABLE" DE CHAVES Y GRIÑAN Sobre el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE), el secretario de Política Federal del PSOE ha recordado que en "cuanto el anterior gobierno toma conciencia" de que puede estar habiendo alguna irregularidad con las ayudas a empresas "se estableció un decreto para que no se volvieran a producir esas transferencias de fondos en aquellas condiciones".
De ahí, que haya defendido la "trayectoria intachable", la "honorabilidad" y la "presunción de inocencia" de los dos expresidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán, que ya han mostrado su voluntad de ir a declarar "voluntariamente" al Tribunal Supremo en caso de que este asuma las competencias de la parte de la instrucción relativa a los aforados que la juez que instruye el caso de los ERE, Mercedes Alaya, le ha enviado.
"Conociendo a estos dos compañeros, pienso en su honorabilidad. ¿Que han podido existir problemas en el control? Está claro, pero por eso se tomaron medidas. Pero no ha habido voluntad ni conocimiento de que eso estuviera ocurriendo", ha sentenciado.
Pradas, que ha celebrado que "por fin" vayan a tener "la oportunidad de defenderse" después de tres años y medio desde que comenzara la instrucción del caso, también ha criticado lo "inaudito" de la decisión de Alaya de no elevar el caso al Supremo hasta ahora cuando ya los "señaló" en septiembre de 2013 y cuando "es lo que venían demandando" los propios afectados así como la Junta y la propia Fiscalía.
"O sea, ha ocurrido lo que tenía que ocurrir. A partir de ahora lo que queremos es que esto sea muy rápido. Que se tomen las medidas que se tengan que tomar y declaren ante el Tribunal Supremo para quitar cualquier tipo de duda que pueda sembrarse sobre su trayectoria", ha reiterado.
Con todo, Pradas ha advertido de que no se puede "olvidar importante de esta historia, que es que paguen quienes se han aprovechado y se han llevado el dinero". "Eso no lo puede consentir la sociedad ni la clase política. Esas personas tienen que pagar lo que han hecho y devolver el dinero a los ciudadanos. Ahí vamos a ser inflexibles", ha concluido.
