La Fiscalía ya tiene en su poder el atestado policial que recoge todas las declaraciones del caso Mercasevilla. Mientras lo estudia y toma una decisión sobre una posible presentación de una denuncia, continúa el cruce de declaraciones políticas. El PSOE culpa al PP de querer "influir en la Justicia", y los populares insinúan que se han "destruido documentos".
El portavoz del PP, -magistrado y ex decano de los jueces en Sevilla-, Juan Ignacio Zoido, cuestionó el lunes que el caso Mercasevilla no estuviera ya en manos de un juez. Una situación de la que culpó directamente al alcalde, Alfredo Sánchez Monteseirín, e indirectamente a la fiscal jefe de Sevilla, María José Segarra. Ayer, le respondió el portavoz del grupo municipal socialista, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis: "Nosotros respetamos siempre a la Justicia y sus tiempos y ofrecemos toda nuestra colaboración. El PP en cambio trata de influir en la Justicia y eso es muy grave. Cuando las cosas no les van bien se dedican a denostar al juez, como ha ocurrido con Baltasar Garzón, y cuando creen que les puede ir bien, el señor Zoido llama a los jueces 'mis amigos'. Hago un llamamiento al PP para que respete la independencia de la Justicia".
Las palabras de Gómez de Celis se produjeron después de que los populares reiteraran su malestar por la actuación del Gobierno local, que aún no ha respondido a la batería de preguntas planteadas en el último consejo de administración de Mercasevilla. Además, el PP censuró la actitud de los socialistas, que ya han expresado su rechazo a la creación de una comisión de investigación sobre el caso. "El alcalde tiene miedo a Mellet porque con lo que sabe puede tirar de la manta. Hay que averiguar qué pasó en las trituradoras de papel de los despachos de Mercasevilla desde el 4 de febrero cuando el regidor conoció el caso a través de la Junta hasta el 17, fecha en la que dimitió el ya ex director gerente Fernando Mellet. Hubo 13 días para que pudieran destruir pruebas", denunció el portavoz adjunto del PP Beltrán Pérez, quien incidió en que el caso debía haberlo denunciado ya ante el juez el regidor.
Mientras sigue la investigación judicial y se intensifica el debate político sobre el caso Mercasevilla, los trabajadores de la empresa pública se reúnen esta semana para expresar su preocupación por lo ocurrido, por la imagen de la sociedad y por las consecuencias que el caso pueda tener sobre los proyectos de futuro de la empresa, que tiene pendiente una ambiciosa operación de traslado a Majarabique.
El pasado martes, el comité de empresa celebró una reunión para expresar su malestar y su sorpresa por la investigación abierta por la Fiscalía tras recibir unas grabaciones en las que Fernando Mellet y Daniel Ponce solicitaban supuestamente el pago de 450.000 euros como condición para que el grupo empresarial La Raza llevara a cabo una escuela de hostelería subvencionada por la Junta de Andalucía. Hoy está previsto que se reúnan con el concejal Alfonso Mir, quien se hizo cargo de la dirección gerente de la sociedad tras la salida de Mellet. Y esta semana habrá una asamblea de los trabajadores para analizar la situación.
Además de Mellet y Ponce, hay otra trabajadora de la dirección de Mercasevilla que ha sido llamada a declarar por la Policía Judicial en el marco de la investigación abierta a instancias de la Junta.
