Los socios PSOE e IU tienen previsto reunirse esta semana previsiblemente hoy por la tarde para consensuar el calendario legislativo de lo que resta de mandato. La reunión de enlace servirá para poner fecha a la tramitación y aprobación de las 28 leyes y 250 medidas que incluye el pacto de Gobierno, un sudoku complejo, porque se trata de encajar las 28 leyes en los 22 meses hábiles de Parlamento que quedan antes de las autonómicas (primavera 2016). Eso contando con que se agote la legislatura. Ambas fuerzas dicen que su compromiso político es para cuatro años, pero recientemente la presidenta Susana Díaz ha vuelto a poner sobre la mesa la posibilidad de que se precipite el adelanto electoral. Me gustaría agotar la legislatura pero no me lo están poniendo fácil, advirtió el domingo.
En ese paquete legislativo se incluye la reforma de la ley electoral, previo paso por el grupo de trabajo en el Parlamento que se creará en el segundo periodo de sesiones de 2014, tras el verano, anunció ayer el secretario de Organización del PSOE-A, Juan Cornejo. En el primer tramo, después de Navidad, se constituirá el grupo de trabajo sobre la ley de renta básica, a partir de una proposición no de ley que presentará esta semana IU, y a la que acaba de sumarse el PP-A. La reforma electoral prevista en el pacto, a iniciativa de la coalición de izquierdas, busca modificar las circunscripciones electorales para que a los partidos pequeños no les cueste proporcionalmente más que a los grandes lograr escaños en las provincias menos pobladas, uno de los efectos de la llamada ley Dhont. El objetivo es lograr un reparto del peso electoral más equitativo entre el número de votos que obtiene un partido y los escaños que le corresponden.
En la práctica, esto podría suponer que el bipartidismo PSOE-PP pierda fuerza en favor de los pequeños, como IU o partidos que ahora no alcanzan el 5% mínimo de votos para tener representatividad parlamentaria (PA, UPyD, Equo). Pero los socialistas mandaron ayer un mensaje de advertencia a sus socios: no respaldarán una reforma electoral sin contar con el apoyo necesario del PP-A, el partido que más votos obtuvo en las pasadas autonómicas y el que más escaños tiene [50, frente a 47 del PSOE y 12 de IU]. No habrá reforma electoral si no hay un consenso amplio. Modificar la ley sin contar con el PP no parece muy lógico, dijo Cornejo. Hace dos años, socialistas y comunistas se pusieron de acuerdo para reformar la ley electoral, justo antes de las autonómicas, para hacer incompatible el cargo de alcalde y diputado (el PP tenía 17 regidores en el Parlamento, el PSOE ninguno e IU uno).
El número dos de los socialistas andaluces apuntó ayer que no es lo mismo esta medida que una reforma integral de la ley como la que se está planteando, que afectará a la columna vertebral del sistema democrático. Como ejemplo de lo que no quieren hacer, Cornejo recordó la reforma electoral de Castilla-La Mancha, aprobada en 2012 con los votos en solitario del PP. El Gobierno de María Dolores de Cospedal impulsó una ley que suponía un aumento general de la representación, con más diputados autonómicos y un nuevo mapa electoral de tres provincias con escaños impares y dos con pares. Los socialistas llevaron ese esquema ante el Constitucional por considerarlo arbitrario y porque los diputados de más se incluyeron en las provincias que tradicionalmente votaban al PP.
109 parlamentarios // En Andalucía, los recortes y las políticas de austeridad de la Junta harían difícil de entender en este momento una reforma electoral que se traduzca en más políticos dentro del Parlamento. La propuesta de IU no prevé más parlamentarios, sino una redistribución de los ya existentes (109). La federación que dirige Antonio Maíllo está subiendo en las encuestas, pese a no haber designado aún a su candidato a las autonómicas. En teoría, IU sería más beneficiada con un nuevo reparto de escaños, en detrimento del PSOE, su socio. Los socialistas han ligado el destino de la reforma electoral al PP, que probablemente también perdería votos en favor de UPyD. El grupo de trabajo contará con expertos y está por ver si alguno de los tres partidos con representación invita a sentarse a la mesa a miembros de otros grupos, como el PA o UPyD. Los plazos que se barajan para diseñar una ley son de seis a nueve meses. El proyecto de reforma electoral estaría listo casi a las puertas de las autonómicas de 2016, si no se adelantan.
Por lo demás, la reunión de enlace PSOE-IU servirá para ordenar qué leyes, de las 28 pendientes, tendrán prioridad en el calendario. Algunas, como la de Transparencia, Participación Ciudadana y Memoria Democrática están muy avanzadas. La ley de renta básica, donde se incluirá la medida que garantiza el mínimo de luz y agua a familias desfavorecidas, está supeditada a la disponibilidad presupuestaria, que ahora es casi nula. Supone garantizar una ayuda mensual (de 400 a 798 euros) a todo andaluz con ingresos menores que se comprometa a buscar su inserción sociolaboral. Cornejo avanzó ayer que la ley podría aprobarse, aun sin memoria económica, a expensas de que la economía mejore y permita el desarrollo normativo, como ha pasado con la Ley de Dependencia.
Rajoy no puede multarnos por garantizar los servicios básicos El secretario de Organización del PSOE-A, Juan Cornejo, criticó ayer al Gobierno por usar la Ley de Transparencia para blindar el déficit de las regiones, antes de que podamos garantizar los servicios básicos esenciales. Hacienda ha convocado a las comunidades autónomas al Consejo de Política Fiscal y Financiera el próximo 18 de diciembre. Será la última reunión del año en la que se analizará el grado de cumplimiento de las regiones con el límite del déficit (un 1,58% del PIB para Andalucía) y sus planes de estabilidad financiera. El departamento de Montoro ha aprovechado la reciente aprobación de la Ley de Transparencia para reforzar el control a las comunidades, incorporando nuevas sanciones a los malos gestores. Se multará a los políticos que oculten facturas, que incumplan el tope de déficit o a quienes comprometan gastos sin crédito suficiente. Las sanciones van desde el ceso de un cargo político a la pérdida de la indemnización y la inhabilitación entre cinco y diez años. Cornejo aceptó ayer estos supuestos, pero replicó que si por prestar los servicios básicos, nos desviamos del déficit una décima más o menos, no es justo que Rajoy nos multe. El número dos del PSOE-A anunció una concentración de alcaldes el jueves ante los ayuntamientos contra la reforma local.
