El Grupo Socialista en la Diputación de Sevilla llevará al próximo Pleno de la institución una propuesta para promover un acuerdo entre el Estado, las organizaciones sociales y representantes de la industria agroalimentaria que permita un aprovechamiento "eficiente" de los alimentos, como sucede en otros países, evitando la destrucción de los mismos, además de impulsar los bancos de alimentos
El texto de la propuesta, al que tuvo acceso Europa Press, insta además al Gobierno de España a defender en el seno del Consejo Europeo, y ante las instituciones y organismos comunitarios que correspondan, el mantenimiento de la financiación del Programa Europeo de Ayuda alimentaria a las personas más necesitadas para el periodo 2014-2020. Asimismo, apuesta por reforzar la financiación pública destinada a los bancos de alimentos a través de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), en el marco de políticas de cohesión para la inclusión social y el apoyo a los servicios sociales de integración prestados por administraciones y entidades asociativas colaboradoras.
Paralelamente, la propuesta firmada por el portavoz del PSOE en la Diputación, Manuel Domínguez, aboga por crear un Fondo Estatal de Emergencia para las Familias en situación de pobreza y exclusión social con una dotación total para 2013 de 1.000 millones de euros. Dicha cantidad permitiría dotar a los ayuntamientos de nuevos fondos, con unos 400 millones, para reforzar los servicios sociales básicos, "multiplicando por más de cuatro el Plan Concertado que tenían los ayuntamientos, y que el PSOE dejó en 86 millones de euros, en lugar de reducirlo a 30 millones para 2013", agrega.
Asegura que también permitiría duplicar los recursos destinados al Tercer Sector, a través de una convocatoria extraordinaria de subvenciones por 200 millones de euros para el fortalecimiento de políticas de inclusión social; así como complementar con 400 millones de euros, de acuerdo con las Comunidades Autónomas, los recursos que éstas destinan a las rentas mínimas garantizadas, lo que permitiría ampliar el número de beneficiarios en más de 83.000 personas.
En este contexto, expone que la "persistencia y profundidad" de la crisis "golpea" a amplias capas de la población, junto a una gestión política por parte del Gobierno "centrada en recortar los derechos sociales", apuntando a un incrementado del número de personas en situación de vulnerabilidad social "hasta alcanzar a uno de cada cuatro hogares españoles, según varios estudios". También, apunta a un cambio en el perfil de quienes se encuentran en situación de pobreza ampliándose a personas que han perdido su trabajo y ya no pueden pagar las facturas.
"Es evidente que la crisis económica ha afectado más a las rentas más bajas y que las políticas de recortes de derechos en sanidad, educación y política social llevadas a cabo por el Partido Popular están contribuyendo a ampliar la desigualdad social", indica, tras señalar que "ante esta dramática situación, se hace absolutamente necesario reforzar, por parte de las Administraciones Públicas, la atención directa a los ciudadanos que se encuentran en situación de pobreza o exclusión social".
Recuerda que uno de los instrumentos con los que cuenta el Gobierno de España es el Plan de ayuda alimentaria a los más necesitados (PEAD), establecido por la Unión Europea y gestionado a través del Fondo Español de Garantía Agrícola (FEGA). Este plan trata de poner a disposición de las personas necesitadas, de forma gratuita a través de los Bancos de Alimentos y Cruz Roja, alimentos básicos de calidad, bien utilizando productos de intervención, bien acudiendo a una licitación de los mismos. En el año 2011, los Bancos de Alimentos repartieron casi 107 millones de kilos de alimentos, de los que el 54 por ciento provinieron del (PEAD), aportando el resto empresas colaboradoras relacionadas con la alimentación, producción y distribución.
"Pero este extraordinario proyecto de solidaridad europea puede verse truncado para el año 2013 como consecuencia de presiones ejercidas en el seno del Consejo Europeo por parte de algunos países, por lo que ante esta situación de incertidumbre numerosos representantes de la sociedad civil europea han expresado su preocupación por el futuro del programa, pidiendo unánimemente a las distintas instituciones de la Unión que encuentren una solución para garantizar su continuidad", sentencia.
