Al final se han cumplido las peores previsiones y la puesta en marcha del nuevo Servicio Común de Ejecutorias se retrasa, y por ahora sin fecha por las diferencias con los sindicatos para determinar qué funcionarios asumen esta tarea. La iniciativa, que se iba a aplicar en los juzgados de Sevilla de manera pionera, no estará operativa en enero como se anunció ni probablemente en febrero (la segunda fecha que se dio), pese a la trascendencia que tiene: será el encargado de controlar que se cumplan las sentencias de los juzgados de lo Penal.
Así lo confirmó ayer el secretario general para la Justicia de la Consejería del ramo, Pedro Izquierdo, en la inauguración de dos nuevos juzgados de lo Contencioso en el edificio Viapol. Según Izquierdo “sería muy precipitado dar una fecha para la puesta en marcha de este servicio porque al ser una experiencia piloto necesita del consenso de todas los operadores jurídicos”, y eso es algo que, a día de hoy, no se ha logrado.
La puesta en marcha de este servicio es uno de los proyectos con el que la Consejería de Justicia quiere avanzar en Andalucía la nueva Oficina Judicial, pendiente de su diseño estatal. Su impulso se produjo tras la polémica por el caso Mari Luz, cuando no se ejecutó una sentencia a la que había sido condenado Santiago del Valle (principal imputado) por abusos a menores, lo que le permitió estar libre.
Desde la administración se configuró un servicio en el que trabajarán 70 funcionarios procedentes de los juzgados de lo Penal y que se instalarán en la sede del edificio puente en la zona de la Buhaira, pero el proceso ha chocado con las reticencias de los sindicatos a dar el visto bueno a los traslados del personal.
Todo preparado. La Consejería de Justicia asegura que tiene en marcha todos los pasos previos necesarios para que comience a funcionar el servicio, desde el informe previo elaborado con las necesidades que conllevaba el desarrollo del servicio, hasta la puesta en marcha del juzgado número 14 de lo Penal en el que se va a probar el Servicio de Ejecutorias y la dotación de un lugar físico para el mismo, que finalmente albergará el edificio de la Buharia. “Para enero tendremos concluida la base fundamental para poner en marcha el servicio, aunque seguiremos con el proceso negociador con los agentes sociales”, aseguró Izquierdo.
La situación está ahora enquistada. Izquierdo reconoció que para que salga adelante “es necesario consensuar las medidas con los magistrados, los secretarios judiciales y los representantes sindicales” de los funcionarios. En este sentido, se pretende que las negociaciones se basen exclusivamente en la redistribución de los trabajadores, una idea que no aceptan los representantes sindicales, que reclaman que el traslado conlleve mejoras laborales.
El sindicato de funcionarios CSI-CSIF, que congrega a la mayoría de trabajadores judiciales, señaló su “apoyo total” al desarrollo del Servicio Común de Ejecuciones, aunque en lo que difieren con la Administración es en la forma en que se ha llevado a cabo la negociación. “Tuvimos una reunión a finales de noviembre en la que se negaron a hablar con nosotros de mejoras laborales y así no hay nada que consensuar”, señaló Miguel Ángel Ramos, responsable del sector de Justicia en CSI-CSIF. Desde entonces no se han producido nuevos encuentros.
Los funcionarios exigen más información sobre el servicio antes de decidirse por el nuevo destino, y que se les garantice su situación jurídica una vez concluya la experiencia piloto. Según Ramos, la Consejería de Justicia “se limita a proponer la reubicación de los trabajadores como si fueran fichas de un lado para otro”. Con este telón de fondo, la puesta en marcha del servicio va para largo.
