El nuevo sistema de financiación autonómica presentado ayer por el vicepresidente económico del Gobierno, Pedro Solbes, supone un avance en la negociación multilateral del nuevo modelo de financiación de las regiones españolas pero demuestra que aún queda mucho camino que recorrer antes de alcanzar ese "grado de consenso mínimo" al que aspiraba este pasado viernes José Luis Rodríguez Zapatero.
Solbes puso ayer sobre la mesa una propuesta que garantiza la equidad en los recursos que se destinan a todos los habitantes del país para la prestación de servicios básicos (educación, salud y tareas sociales) y aumenta la cesión de recursos del Estado a las autonomías del 70% actual al 90% -debilitando por cierto a la Administración Central- y la corresponsabilidad fiscal, al cederles el 50'% del IRPF y del IVA y el 58% de los tributos especiales.
El sistema se complementa con tres fondos (de garantía de los servicios públicos fundamentales, de suficiencia global y de convergencia) que cubrirán las restantes necesidades de gasto y las diferencias que sufran, en términos de riqueza, las comunidades más pobres frente a las más ricas. La Junta se mostró ayer receptiva a la propuesta de Solbes a la espera de su concreción, pero no hubo ni mucho menos unanimidad en las respuestas al documento.
Numerosas comunidades (sobre todo del PP y de la órbita nacionalista) mostraron sus reticencias y confirmaron la complejidad de la negociación que consolidará la nueva arquitectura del Estado de las Autonomías. Ahora llega lo más difícil, más si cabe si se analiza el entorno económico de recesión en el que se desarrollará el debate: la transformación de este documento de ideas y principios en una propuesta con dotación económica en la que se cuantifiquen los recursos que recibirá cada región y el dinero con que se dotará a cada uno de los tres fondos con los que se pretende nivelar el gasto que se destinará a cada comunidad.
