Andalucía solicitará al Gobierno Central que cambie el modelo de financiación de las necesidades derivadas de la aplicación de la Ley de Dependencia, que hasta ahora se reparten en función de criterios poblacionales y geográficos, y lo sustituya por un sistema en el que se dé prioridad a aquellas comunidades que están cumpliendo con la ley en detrimento de las que lo están aplicando con una evidente desgana.
Una comparativa como la de los datos de Andalucía y Madrid evidencia lo dicho: mientras que en nuestra comunidad se han atendido ya 153.222 solicitudes, en Madrid sólo se han formalizado 21.080. Sin embargo, ambos reciben partidas del Estado acordadas con anterioridad y en las que no cuenta para nada que se esté aplicando o no la normativa. Es decir, que por un criterio igualitario se está terminando por ser injusto con quienes sí están cumpliendo con la ley.
