La Agencia Española de Protección de Datos ha imputado a la Consejería de Gobernación una infracción grave por violar la Ley de Protección de Datos en los registros de animales de compañía. Exige a la Junta medidas de orden interno.
La Agencia Española de Protección Datos exige a la administración autonómica que ponga en marcha medidas "que impidan que en el futuro pueda producirse una nueva infracción". El dictamen llega tras una denuncia de la Asociación Andaluza para la Defensa de los Animales (Asanda) que advirtió de que los registros no tenían "establecidas medidas de seguridad para proteger los datos de los ciudadanos".
La Ley andaluza de Protección de los Animales, aprobada en noviembre de 2003, fija un sistema de identificación y registro de los animales de compañía. Es obligación de sus dueños acudir al veterinario para que les ponga un chip electrónico, en tres meses desde su nacimiento, con los datos para identificar al animal.
Además los propietarios de perros y gatos deben inscribirlos en el Registro Municipal de Animales de Compañía del Ayuntamiento donde habitualmente viva la mascota. Un Registro Central de Animales de Compañía, dependiente de la Consejería de Gobernación, recoge toda la información de los registros municipales.
La Agencia Española de Protección de Datos, que remitirá la resolución al Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, inició un procedimiento de Declaración de Infracción contra la Consejería de Gobernación, tras una denuncia presentada por la Asociación Andaluza para la Defensa de los Animales, quien detectó "irregularidades" en el Decreto 92/05 de Identificación y Registro de Animales de Compañía, que desarrolla la ley y que fue puesto en marcha por la Junta en 2005.
En declaraciones, el portavoz de Asanda, Luis Gilpérez, explicó que, tras más de dos años de procedimiento, la Agencia Española de Protección de Datos le ha dado la razón a su organización y le ha imputado a Gobernación una infracción grave, que podría haberse evitado cuando Asanda avisó al departamento del ramo sobre esta cuestión, estando el decreto en fase de información pública, "pero no fue escuchado".
El escrito presentado por Asanda señala que este decreto, donde se establece la creación de 768 Registros Municipales y uno Central de Animales de Compañía, todos ellos conteniendo datos de carácter personal de ciudadanos andaluces y que obliga a los adquirientes de animales a su inscripción antes de un mes a partir del 29 de abril de 2005, "no parece que se haya atenido a las condiciones establecidas en el artículo 20 de la Ley Orgánica 15/1999, pues no hay, por ejemplo, establecidas medidas de seguridad".
Las acciones que lleve a cabo la la Junta de Andalucía tras esta resolución en su contra deberán ser comunicadas a la Agencia de Protección de Datos en el plazo de un mes. La Consejería de Gobernación deberá comunicar si interpondrá algún recurso contencioso-administrativo, ya que cabe recurso ante la Audiencia Nacional.
