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El reparto en Dependencia que pide Andalucía suma apoyos

Cantabria, Aragón, La Rioja y Castilla La Mancha defenderán en el Consejo Interterritorial la propuesta de la Junta para que el número de personas realmente atendidas pese un 50% en la distribución de los 283 millones del nivel acordado.

el 31 may 2010 / 20:09 h.

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La consejera andaluza de Igualdad, Micaela Navarro, junto a la ministra de Sanidad y Políticas Sociales, Trinidad Jiménez.
La consejera de Igualdad, Micaela Navarro, acude hoy al Consejo Interterritorial de Dependencia con la postura firme de defender que los 283 millones de euros que el Estado distribuirá este año entre las comunidades autónomas se repartan, en un 50%, en virtud de las personas realmente atendidas y no por los potenciales dependientes o las personas reconocidas con el derecho a una prestación aunque aún no la perciban. Cantabria, Aragón, La Rioja y Castilla La Mancha apoyan su reclamación y entre todas atienden al 40% de los dependientes del país que ya reciben una ayuda.

 

El año pasado, Andalucía logró que los dependientes realmente atendidos pesarán un 20%en el reparto del fondo del nivel acordado pero su aspiración es que progresivamente éste criterio sea el que más pese y en la reunión de hoy su petición contará con el apoyo de otras cuatro comunidades. Si en 2009, cuando el dinero a repartir de esta parte de financiación de la Ley de Dependencia ascendía también a 283 millones, a Andalucía le correspondieron 55,9 millones. La Junta estima que con el nueve criterio esa cifra podría incrementarse en unos siete millones.

La pretensión de Andalucía y de al menos las cuatro comunidades que apoyan este reparto es que el peso de los dependientes realmente atendidos aumente progresivamente hasta alcanzar el 90 ó 100% del nivel acordado en 2013. En posiciones opuestas se encuentran comunidades como Madrid o Valencia, que defienden que el criterio predominante siga siendo los potenciales dependientes según las previsiones del Libro Blanco con las que se elaboró la ley y que, tres años después, se han visto ampliamente superadas. Hay otros criterios en juego que también pesan en el reparto, como la insularidad y la dispersión demográfica, que son esgrimidas por Canarias o Castilla y León.

Que Andalucía sea quien abandere esta causa desde el principio no es casual pues atiende el 28,3% de las solicitudes de ayuda. A fecha del 3 de mayo, hay 217.013 grandes dependientes o dependientes severos en Andalucía a los que ya se ha reconocido su derecho a recibir una prestación (de 366.305 solicitudes presentadas) y 155.550 ya la perciben (el 28% de los 553.716 beneficiarios de toda España). De los que tienen reconocido el derecho, el 71,6% ya reciben una prestación (algunos más de una porque en Andalucía es compatible la teleasistencia y la ayuda a domicilio con el centro de día, si bien el 47% son económicas), porcentaje aún mayor en las otras cuatro autonomías. Pero hay comunidades como Canarias o Valencia donde menos de la mitad de los reconocidos como beneficiarios la reciben, lo que indica un retraso en la asignación. El plan de ajuste del Gobierno suprime el derecho a la retroactividad para atajar ese retraso.

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