Hace más de un año que el caso Gürtel estalló y el PP aún sigue negando preocupación alguna en sus filas. Ayer, los populares insistieron en que no ha habido financiación irregular del partido pese a que 50.000 folios con nuevos datos jugaban en su contra. El levantamiento del secreto de sumario del caso desveló que -según los informes policiales- no sólo hubo regalos, sino que pudo haber financiación irregular del partido en Valencia y Madrid, pagos en negro a la trama en Galicia, cobros de la red por parte del PP de Castilla y León y, sobre todo, asegura que Luis Bárcenas, ex tesorero nacional, está implicado "sin género de dudas" en el cobro de 1,3 millones de euros.
La investigación judicial incluso relaciona con la red a un ex alto cargo balear en la época de Jaume Matas. Se trata del ex director de la Fundación Baleares Sostenible, Pau Collado, que -dice el sumario- formó parte de las ramificaciones de la organización tanto a nivel nacional como internacional.
A la vez, el cerco de la investigación cada vez se estrecha más hacia Génova, ya que uno de los principales perjudicados por el sumario es el ex tesorero nacional Luis Bárcenas. El sumario supone que el senador se dejó sobornar por Correa y cuadruplicó su patrimonio gracias a red.
En el exterior, la investigación acredita ramificaciones de la trama en Reino Unido, Suiza, EEUU, Colombia, Holanda y Panamá. Un organigrama incluido en la causa cita hasta 11 sociedades ubicadas en el exterior, algunas de ellas inactivas.
En todos estos casos, las líneas de la investigación van encaminadas a acreditar la forma de captación de negocios (adjudicaciones directas o concertadas de contratos públicos por parte de los responsables políticos) y a descubrir patrimonio oculto gestionado por testaferros o sociedades.
En este documento se cita expresamente al empresario y ex socio de Alejandro Agag Jacobo Gordón, al ex vicepresidente de Repsol YPF José Ramón Blanco Balín y al abogado Luis de Miguel Pérez como diseñadores de la estructura de blanqueo de la trama en el exterior.
Frente a estos datos, el PP asegura que no ve nada en el sumario que no haya sido dicho ya y Correa, desde la cárcel, añade que nunca ha pagado a miembros del PP para obtener contratos. Sobre él, sin embargo, pesa una fianza por responsabilidad civil de 85 millones de euros.
Junto a la culpabilidad de Bárcenas lo más grave que revela el sumario es la posible financiación irregular, que afecta a dos de los feudos populares.
Valencia. Adjudicaciones a cambio de favores al partido. Un informe policial que figura en la parte del sumario descubierta ayer concluye que hubo "financiación irregular" de actos del PP valenciano con dinero de empresarios a los que se adjudicaban contratos "como contraprestación a los favores realizados para la formación política". El documento firmado por la Brigada de Blanqueo de Capitales de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía no deja lugar a dudas: "Existe una financiación de actos del PP de la Comunidad Valenciana por parte de empresarios siendo para éste donaciones finalistas de dinero que no ingresan en la cuenta corriente del partido". La Policía añade que "estos empresarios tienen contratos vigentes, prestan servicios y realizan obras para las Administraciones Públicas obtenidos como contraprestación a los favores realizados para la formación política, concretados en el pago de actos políticos".
Según el informe, es el propio PP, "en la persona de Ricardo Costa", ex secretario general de este partido en la Comunidad Valenciana, el que "actúa como canalizador de los pagos con fondos ajenos al sistema financiero".
La facturación de Orange Market al PP valenciano era "dual", es decir, se realizaba mediante una doble facturación: una real con factura y el correspondiente IVA "y otra sin factura y por tanto sin reflejo contable y sin repercutir el impuesto". La primera facturación se denominaba Alicante y "recoge una parte del coste real del evento", mientras que el resto era facturado "fuera de factura, bajo la denominación Barcelona, en referencia a que se ingresa en la caja B".
Y la Policía asegura que este comportamiento no ha sido en ningún momento un hecho aislado, sino que este sistema "tiene una persistencia en el tiempo, suponiendo una actuación sistemática que mantiene la organización con la formación política". Paralelamente, el sumario desvela que la empresa de Álvaro Pérez, El Bigotes, gastó miles de euros en regalos de Navidad a altos cargos de la Generalitat y a sus familias. Orange Market le hizo regalos a la mujer y a los hijos de Francisco Camps, a Ricardo Costa, a consejeros como Juan Cotino, Víctor Campos o Font de Mora y a varios de sus familiares.
Para la mujer de Camps escogieron un bolso de Loewe de 750 euros y a sus hijos les regalaron juegos de Sony. La ex consejera de Turismo Milagrosa Martínez recibió un reloj de 2.400 euros. En total, la red corrupta gastó 8.832 euros sólo en presentes navideños.
Madrid. El Gobierno fraccionaba los contratos por Correa. En el sumario aparecen otros datos que manchan también al Gobierno regional de Madrid. Entre los 50.000 folios publicados hay un informe que relata cómo distintas consejerías de Esperanza Aguirre vulneraron todas las normas de contratación pública para beneficiar a Correa.
El informe repite en varias ocasiones esta frase: "No está justificada la imperiosa urgencia de seleccionar a un solo proveedor [una empresa de la trama] por lo que se vulneran los principios de publicidad, concurrencia y transparencia". Y es que el sumario hace referencia al fraccionamiento de los contratos para que su cuantía no superara el límite a partir del cual habría que abrir el proceso de contratación a concurso público (12.000 euros).
Además, y según informó la SER, las facturas emitidas por actos del PP de la capital para las elecciones autonómicas de 2003 y las generales y europeas de 2004 fueron pagadas a través de Fundescam, la Fundación para el Desarrollo Económico y Social de la Comunidad de Madrid que tiene su sede en Génova y que preside la madrileña Esperanza Aguirre. La ley no permite que las fundaciones sufraguen actos electorales. La propia Aguirre, preguntada al respecto hace ya algún tiempo, eludió responsabilidades: "Que le pregunten a Pío, Pío", dijo.
Galicia. El PP pagó en negro la mitad de los actos. Es la tercera comunidad a la que llegan los extensos brazos del Gürtel. Según el sumario, el PP de Galicia pagó en dinero B más de la mitad de los actos celebrados entre 1996 y 1999, periodo en el que el número dos de la trama, Pablo Crespo, fue secretario de Organización del partido. Durante este periodo, más de 3,2 millones de euros fueron facturados al PP de Galicia en dinero negro, según la documentación intervenida en una caja de seguridad de una entidad bancaria de Pontevedra cuyo titular era Crespo. El informe de la UDEF pone de relieve que la forma de facturar los gastos generados por el PP durante ese periodo se llevó a cabo mediante un "sistema de doble facturación". Este sistema dio "opacidad" a la forma de financiación "y por tanto no aporta transparencia a la actividad económica" del PP, considera la Policía.
El sistema consistía en facturar una parte del importe de los servicios contratados en A mediante la emisión de una factura y su anotación en el sistema de contabilidad legal, mientras que otra se factura en B, sin emisión de factura y sin reflejo en la contabilidad real, un sistema parecido al valenciano.
La Policía dice desconocer el origen de los recursos con los que el PP de Galicia hizo frente a estos gastos que, explica, fueron pagados directamente a la empresa o persona que prestó el servicio, de los que no existen facturas formales ya que "en el mejor de los casos" hay "notas de recibí".
Castilla y León. 44.000 euros pagados a través de Merino. Un informe de la Agencia Tributaria (AEAT) que se incluye en el sumario revela que las empresas del cerebro de la trama abonaron 144.420 euros al PP castellano-leonés. Concretamente, el 15 de mayo de 2003 se habla de una asignación a "CL-S", que la Agencia Tributaria dice haber asignado hipotéticamente a Castilla y León-Segovia, "dada la participación del diputado del PP por Segovia Jesús Merino".
Y entre todas estas informaciones, los populares siguen sin ver nada novedoso ni digno de disciplina. El vicesecretario de Comunicación del PP, Esteban González Pons, dijo ayer que el sumario sólo prueba que el Gürtel es "una trama orquestada contra el PP".
