La Tauromaquia podría haber ganado una batalla fundamental si sus actores fueran capaces de sentarse en la misma mesa. Desde ahora cuentan con una llave maestra que podría abrir muchas puertas. El ministro de Cultura presentó ayer el ambicioso Plan Estratégico Nacional de Protección y Fomento de la Tauromaquia, bajo el título de Pentauro, que analiza los problemas y las taras que arrastra el sector buscando las posibles soluciones.
Eso sí, José Ignacio Wert advirtió que sólo será posible con la unión de todos los sectores implicados y la superación de las diferencias particulares que, en el caso de Sevilla, han enquistado un conflicto de compleja solución a corto plazo. El ministro estuvo acompañado del matador de toros Enrique Ponce y el ganadero Carlos Núñez, presidente de la Unión de Criadores de Toros de Lidia. Ponce señaló que se trataba de la primera vez que un gobierno y un ministerio se toma en serio el toreo, a lo que Núñez añadió que se trataba de una oportunidad histórica para la Tauromaquia.
Según recoge este plan, la nueva consideración legal de la Tauromaquia como patrimonio cultural justifica y propicia la intervención del Estado en defensa de una expresión relevante de la cultura tradicional del pueblo español. El mismo texto señala y subraya la importancia económica del toreo y su reflejo en ámbitos diversos como son el empresarial, el fiscal, el agrícola y ganadero, el medioambiental, el social y de generación de empleo, el alimentario, el industrial y el turístico, entre otros. De la misma forma, reconoce que se trata de una actividad que constituye una importante fuente de ingresos para las administraciones públicas. La redacción del plan no es ajena al clima de crisis económica que atraviesa el país y no levanta los pies del suelo al afirmar que la existencia de intereses excesivamente contrapuestos entre todos los sectores profesionales del mundo del toro da lugar a una falta de iniciativa y de unidad en el sector que se traduce en un cierto inmovilismo y en dificultades para conseguir un salto cualitativo.
No hay que irse muy lejos para constatar esta situación que amenaza seriamente la viavilidad del plan: la ancha brecha abierta entre las primeras figuras del toreo y la empresa de Sevilla es el mejor certificado de ese clima enrarecido que podría ser el principal escollo para materializar el plan.
Este programa se ha vertebrado en torno a cinco ejes fundamentales: la calidad del producto, la competitividad de la actividad, el conocimiento,la comunicación y la reforma de la Comisión Nacional de Asuntos Taurinos. Dentro de este farragoso planteamiento conviene destacar algunos puntos. El plan propone un programa de capacitación de los profesionales taurinos que incluiría la mejora y revalorización de la actividad formativa de las escuelas taurinas. De la misma forma, aboga por proteger y mejorar la cría del toro de lidia a través de la promoción del prototipo racial, la igualdad de trato con otras razas ganaderas y la lucha contra el fraude.
En esa línea, el programa también promueve la defensa de la autencidad de la lidia a través de la mejora de las autoridades gubernativas y veterinarias estableciendo mecanismos para exigirles responsabilidad en el desempeño de sus funciones facultativas.
Esta declaración de intenciones no deja de lado los recintos taurinos y apuesta por la conservación de las plazas históricas con la posibilidad de ser incluidas dentro del programa del 1,5% cultural e incluyendo la homologación de las habituales plazas portátiles del circuito rural.
En cualquier caso, el apartado más relevante es el anuncio de la redacción de una nueva ley taurina estatal y la aprobación de un nuevo reglamento común que sustituya a las actuales normativas comunitarias. En esa línea, se apuesta por una reducción de las cargas administrativas y fiscales que ahora lastran la organización del espectáculo, así como la simplificación en la gestión de la Seguridad Social de los profesionales del toreo.
Precisamente, uno de los aciertos del documento es la localización de algunas de las taras que, hoy por hoy, lastran la organización del espectáculo. Una de ellas, advierte el plan, es el excesivo coste que soporta cualquier festejo, tanto desde el punto de vista tributario (incluyendo el actual IVA del 21%) como de Seguridad Social, que no toma en consideración la existencia de notorias diferencias entre plazas de toros en función de su categoría administrativa y aforo y de la tipología del espectáculo de que se trate.
Tampoco se pueden soslayar las cargas administrativas y el excesivo volumen de recursos humanos y materiales necesarios en la organización. El primer paso está dado. Le toca mover ficha a los protagonistas.
