Tras el varapalo que supuso para el Gobierno andaluz que el Tribunal Constitucional anulara las competencias exclusivas sobre el Guadalquivir recogidas en el Estatuto autonómico, más de un año después de que el Estado hubiera traspasado la gestión a la comunidad, la Junta tiene prisa por hacer valer las únicas funciones que, de momento, puede ejercer. Por ello, después de que el Consejo de Ministros aprobara el viernes la reforma de la Ley de Aguas, que faculta a las comunidades que lo prevean en sus Estatutos a ejercer labores de control policial en el dominio público hidráulico, el responsable de Medio Ambiente, José Juan Díaz Trillo, anunció que en los próximos 15 días se irán realizando la trasferencias de las competencias, así como de los trabajadores de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir que asumirán esa labor policial (no los cuantificó).
En realidad, la sentencia judicial no anulaba la posibilidad de que Andalucía asumiera facultades de policía del dominio público hidráulico. Esta competencia aparece recogida en el artículo 50 del Estatuto de Autonomía, aprobado en 2007, que, aunque también fue recurrido por el Gobierno extremeño, no fue anulado por el Constitucional como sí ocurrió con el artículo 51, que atribuía competencias exclusivas a la comunidad sobre la cuenca del Guadalquivir. No obstante, era necesaria la reforma de la Ley estatal de Aguas para poder ejercer unas competencias que también contemplan en sus Estatutos Aragón y Cataluña.
Díaz Trillo quiso poner en valor que la reforma aprobada "permite asumir a Andalucía la gestión de policía de aguas, lo que significa una parte de competencias propiamente andaluzas en la gestión" del Guadalquivir. Subrayó que implica la participación de la comunidad "de principio a fin" en la gestión del río, que discurre en un 90% por territorio andaluz, y en aspectos relevantes como el control de la calidad o el seguimiento e inspección de las concesiones y autorizaciones, en definitiva, "una parte sustantiva e importante de la gestión". El número de trabajadores de la Confederación que serán transferidos a la comunidad para realizar estas funciones aún no está concretado y según el consejero, la gestión de las nuevas competencias supondrá una correspondencia presupuestaria para el pago de nóminas y materiales cuyo montante tampoco pudo afinar. Antes de que el Constitucional anulara el primer decreto de transferencia, el Gobierno destinaba a Andalucía una inversión anual de 120 millones.
Desde este fallo judicial, la Junta mantiene la gestión del Guadalquivir en las aguas que pasan por Andalucía mediante una encomienda de gestión temporal que el Estado pactó con la comunidad mientras negocian una fórmula definitiva que permita a la Junta mantener el máximo poder de decisión sobre el río en el marco legal.
La encomienda expira el 6 de octubre y según Díaz Trillo, la comisión que se creó al efecto de conseguir un acuerdo definitivo "está terminando sus trabajos". El consejero aseguró que la reforma de la Ley estatal de Aguas "abre la puerta a una solución estable, integral y compartida" entre la Junta y el Gobierno central para la gestión del Guadalquivir. El presidente andaluz, José Antonio Griñán, ya avanzó esta semana que el acuerdo se está ultimando y se prevé presentarlo en la Comisión Bilateral que ambas administraciones celebrarán a mediados de septiembre.
Desde el PP-A, su presidente Javier Arenas, minimizó estos avances ya que, aseguró, el problema de las políticas de agua en Andalucía es que no se "gaste lo que presupuesta" y que "se eliminen técnicos y funcionarios que saben de la materia" en beneficio de los políticos. Por ello pidió un cambio "radical".
