El Tribunal Supremo ha dejado sin efecto el decreto de transferencias que entregó a la Junta la competencia exclusiva sobre el río Guadalquivir y que le ha permitido gestionar las políticas andaluzas del agua en los últimos dos años. Era previsible que lo hiciera, porque meses atrás el Tribunal Constitucional había declarado inconstitucional el artículo 51 del Estatuto andaluz sobre competencias del Guadalquivir en el que se amparaba este decreto.
Por eso la Junta, tras conocer el fallo del TC, inició los trámites para taponar la herida que supondría la sentencia del Supremo, y que paralizaría todo el cuerpo legislativo y toda la gestión sobre la cuenca hidráulica que se puso en marcha con la aprobación del decreto de transferencias. Se hizo a través de una encomienda de gestión transitoria, pactada entre Gobierno central y Junta, que permitió salvaguardar las políticas vigentes del agua, hasta que se encontrase una fórmula definitiva que encajase en la Constitución.
Fuentes del Gobierno andaluz aclararon ayer que “estaban preparados” para esta “previsible sentencia del Supremo” que “en nada afecta a la encomienda de gestión”. Esta solución transitoria durará seis meses, por lo que en septiembre Gobierno central y autonómico tienen que haber consensuado una fórmula definitiva.
El fallo del Supremo, conocido ayer, surge de un recurso interpuesto por el Gobierno de Castilla La Mancha y el de Extremadura, los mismos que años antes habían recurrido el artículo 51 del Estatuto ante el Constitucional. El TC consideró que la propuesta del texto andaluz era contrario a la Constitución, porque planteaba la fragmentación de la cuenca y porque Andalucía asumía competencias del Estado. El fallo decía que el Guadalquivir era supracomunitario aunque más del 90% estaba dentro de Andalucía.
