El caso Gürtel puede acarrear aún más problemas al presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps -que se presenta a la reelección por el PP el 22 de mayo-, y a la cúpula de su partido en la comunidad.
La sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha dictado una providencia en la que acuerda continuar con la tramitación de la inhibición parcial remitida por el instructor en Madrid de la trama, Antonio Pedreira, sobre posibles delitos electorales y financiación irregular, entre otros; además da vista de las actuaciones al fiscal y las partes personadas para que en el plazo de diez días aleguen sobre si el TSJCV debe asumir la investigación.
La sala también reclama a las partes que se pronuncien sobre qué delitos concretos se han cometido y las personas que deben ser imputados.
Pedreira acordó en mayo de 2010 remitir parte de la causa Gürtel al TSJCV al apreciar indicios de delitos electorales correspondientes a los comicios celebrados en la Comunidad Valenciana el 27 de mayo de 2007, de financiación irregular en la contratación entre Orange Market y la Administración valenciana y cohecho propio por regalos percibidos por cargos de la cúpula del presidente de la Generalitat. Además, halló indicios de delitos contra la Hacienda Pública y de falsedad documental.
El TSJCV avaló en septiembre la inhibición parcial, ante el recurso presentado por el PP, por la condición de aforados de los miembros del Gobierno valenciano presuntamente implicados en la financiación irregular del PP valenciano y la competencia territorial. Camps también está siendo investigado por un delito de cohecho continuado por el regalo de varios trajes por parte de la trama.
Juicio oral a Luna. Pero si la Justicia no deja de investigar al PP en Valencia, el portavoz socialista en las Cortes valencianas, Ángel Luna, también tiene problemas judiciales. El magistrado instructor de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), Juan Montero Aroca, ha acordado la apertura de juicio oral contra Luna por un presunto delito de encubrimiento, contemplado en el artículo 451,2 del Código Penal, en relación al informe sobre el caso Gürtel que estaba bajo secreto sumarial y exhibió en la tribuna de oradores de la Cámara. El juez indica en un auto, con fecha de 11 de marzo de 2011, que en este caso existen "indicios de criminalidad", tal y como ya se detalló en un auto del 23 de febrero, que deben llevar a que el proceso prosiga, pues "en este momento de la causa no cabe afirmar que los hechos no sean constitutivos de delito".
Además, se refiere a un artículo de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim) que dispone que se acordará la apertura de juicio oral cuando una de las partes lo soliciten, y en esta causa lo ha requerido el Partido Popular, que ejerce de acusación popular, mientras que el fiscal había solicitado el sobreseimiento libre.
La reacción de Luna no se hizo esperar al asegurar que "por muchas querellas que le ponga Camps no le va a callar". En un comunicado afirmó que "se esperaba esta decisión judicial dada la tenacidad del PP en perseguir y acosar a los responsables de la oposición".
