El presidente del TSJA, Augusto Méndez de Lugo, es el único que no ha dado su respaldo unánime a las peticiones realizadas por los magistrados de la Audiencia tras el caso Mari Luz. Pese a todo, el TSJA las ha aprobado y las elevará al CGPJ. Sólo ha rechazado la posibilidad de tomar medidas de presión.
El punto más controvertido debatido en el plenillo de magistrados de la Audiencia de Sevilla el pasado 21 de noviembre, el segundo que se convocaba tras las movilizaciones que acarreó el caso Mari Luz, hacía referencia a la carga de trabajo de los magistrados. La propuesta aprobada en la asamblea solicitaba la reducción del actual módulo de trabajo establecido por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para evitar "riesgos profesionales" y para "proporcionar a los ciudadanos una Justicia de calidad y una tutela judicial efectiva". Asimismo, los magistrados proponían aumentar la ratio de jueces para equipararla a la de otros países.
A estos dos puntos son los que se ha negado el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Augusto Méndez de Lugo, con un voto particular contrario al del resto de la miembros de la comisión que, en cambio, decidió "por mayoría" tomar conocimiento de esta solicitud y elevarla al CGPJ". Según consta en el acta de la comisión, celebrada el pasado 15 de diciembre en Granada, Méndez de Lugo, "con todos los respetos a la decisión de la mayoría", considera que "los acuerdos tomados exceden de las competencias" del plenillo. El presidente del Alto Tribunal andaluz señala que los asuntos de "administración ordinaria" se deben abordar por los presidentes de cada una de las secciones y, si es necesario, por los secretarios judiciales de éstas.
La propuesta de la Audiencia de Sevilla es reducir a 320 el número de asuntos penales por magistrado y año (en la actualidad el módulo es de 345) y a 220, para las secciones civiles (ahora son 300). En cuanto a la ratio, la asamblea propuso elevar el actual número, que es de 10,2 jueces por 100.000 habitantes a 18 ó 19, como Portugal, Grecia o Alemania.
En cuanto al resto de propuestas, la comisión ha decidió recoger en la memoria anual del TSJA la necesidad de crear la Sección Quinta de lo Penal, ya que, en 2008 se han superado los módulos de trabajo y se ha incrementado en un "33% el número de asuntos". De igual modo, el TSJA ha "tomado conocimiento" de la "necesaria cobertura de la totalidad de las plazas vacantes en todos los órganos judiciales de Sevilla y provincia", mientras que se informará a la Consejería de Justicia para que lleve a cabo la inspección de los actuales edificios judiciales que reclaman los jueces y para que dote de más funcionarios a las secciones penales, tras la incorporación de cuatro magistrados este año. En este sentido, también reclaman mayor agilidad en la cobertura de bajas y que los interinos reciban la formación adecuada al puesto. El único punto que se ha rechazado ha sido la posibilidad de tomar "medidas de presión" si no se aportan soluciones.
La actitud de la sala contrasta con la decisión tomada con respecto a las juntas de jueces (Penal, Instrucción y Social) que decidieron reducir el número de juicios para poder atender mejor los asuntos de los juzgados. El TSJA recuerda que no se pueden aplazar las vistas en los meses hábiles.
