L. Blanco / I. Morillo
Los jueces se aferran al informe del TSJA que avisa del "muy alarmante déficit" de personal para lanzar serias advertencias: están "al límite" y cerca del "colapso". La tensión entre los magistrados y el Gobierno andaluz se ha desbordado a sólo una semana de que el CGPJ dicte su sanción al juez Tirado.
La demoledora radiografía de la justicia en Andalucía que el presidente del TSJA, Augusto Méndez de Lugo, entregó en mano el martes a la consejera Evangelina Naranjo ha desencadenado un terremoto. Es como si se hubiera prendido una mecha o como si los magistrados hubieran dado un golpetazo sobre la mesa al aviso de: "Hasta aquí hemos llegado". Con una amenaza encubierta lanzada ayer: si dejan de echar horas extras el sistema "revienta".
El informe del Alto Tribunal andaluz es duro. No huye de contundentes afirmaciones: un "muy alarmante déficit de funcionarios" -lo cifran en 1.245-, una administración "incapaz" de dotar de plantilla apropiada los juzgados y que actúa con "improvisación" y "pasividad". El estudio se ha convertido en el pistoletazo de salida de una ofensiva contra la administración a sólo una semana de que el Consejo General del Poder Judicial sancione al juez sevillano Rafael Tirado por los errores del caso Mari Luz.
Alarma. Ayer fueron varios los magistrados que salieron al paso. El juez decano de Córdoba, Luis Rabasa, habló alto y claro en una entrevista a la SER. Amenazó con reducir a la mitad el número de juicios en 2009 "y esto en dos años, permítaseme la expresión, revienta". Rabasa aseguró que los jueces están "francamente desasistidos y desprovistos de los medios necesarios para que la administración de justicia funcione de forma idónea en un Estado social y democrático de Derecho". Y añadió: "Sólo hay que darse un paseo por los juzgados para darse cuenta de que la justicia está desbordada".
El informe del TSJA, que pone negro sobre blanco la denuncia y la ilustra con datos, es fruto de un exhaustivo trabajo a través de encuestas realizadas entre abril y junio a las que respondió el 99,3% del personal. Así lo defendió a este periódico el juez decano de Sevilla, Federico Jiménez Ballester, que negó que sea una "bofetada" a la administración o una "reacción" ante la inminente sanción a Tirado, sino "una fotografía de la situación real".
Sólo admitió que hay una sensación de "hartazgo" pero no una quiebra en las relaciones entre la Junta y los jueces. Son "datos objetivos que han salido de una sala de gobierno" del TSJA, dijo Jiménez Ballester. "Si hay algún error se corregirá", agregó replicando a la reacción de la Consejería de Justicia, que duda de la veracidad del estudio.
Ayer el Gobierno declinó hacer ninguna declaración oficial, si bien fuentes de este departamento volvieron a restarle crédito y aseguraron que carece de una explicación metodológica. La Junta utiliza un dato que dice que es erróneo: la plantilla total de los órganos judiciales en Andalucía asciende a 7.126 y no a 5.898 funcionarios como señala el TSJA. Desde la Consejería admitieron que desconocían su contenido.
¿Hay una ruptura entre el TSJA y la Junta? Algunos jueces lo niegan y desvinculan esta reacción de la sanción a Tirado, otros lo admiten sin tapujos, aunque afirman que no es una denuncia nueva pero ahora tiene más eco. El presidente del Foro Judicial Independiente, Conrado Gallardo, denunció que la Junta "ignora" a los jueces y no ha establecido "cauces de comunicación" más allá del Alto Tribunal, "con quien antes se llevaban muy bien y ahora muy mal". No ocurre así con el Ministerio o el CGPJ, admitió, que en el último mes están haciendo "una gran esfuerzo" por abrir el diálogo.
Gallardo aseguró que el informe del TSJA estaba elaborado desde hace dos meses y dijo desconocer por qué el retraso en su publicación. La situación es "muy mala en general en España y pésima en Andalucía" porque la Junta "ha sido incapaz de cumplir su misión de suministrar medios materiales y económicos", sostuvo. Las competencias se transfirieron en 1997. Gallardo dio un dato: "Las horas extras que se echan en los juzgados suponen el trabajo de 800 jueces virtuales". Con una diferencia: cuestan 4 millones al Gobierno frente a los 50 que gastarían en los salarios de esos magistrados. "Al asumir esta sobrecarga estamos enmascarando el problema", advirtió.
El vocal andaluz del CGPJ Antonio Dorado insistió en que las últimas oposiciones a la administración de justicia se convocaron en 2003 y eso provoca que se "acumule un déficit escandaloso, cada vez mayor". Pone el dedo en la llaga, como redacta la radiografía del Alto Tribunal, "en Andalucía hay 1.700 interinos, el 24% de la plantilla". Muchos, subrayó, vienen directamente del Servicio Andaluz de Empleo. "Sin experiencia ni preparación previa", recoge el TSJA, y se ven ante "expedientes incapaces de tramitar e incluso de comprender".
