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Alaya envía a prisión a un directivo de Adif y al jefe de Carreteras de la Diputación

La jueza cree que la red descubierta en la operación Enredadera era "una organización criminal jerarquizada que tenía como centro Fitonovo".

el 12 nov 2014 / 11:49 h.

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dipu-enredadera La jueza Mercedes Alaya ha enviado a prisión, eludible bajo fianza de 90.000 euros, a Antonio Rodríguez Jurado, gerente jubilado de la empresa que gestiona las infraestructuras ferroviarias (Adif) que habría cobrado más de 428.000 euros en mordidas. Rodríguez Jurado es el primero de los detenidos en la operación Enredadera puesto a disposición de la jueza por la Guardia Civil, junto con Carlos Podio, jefe de servicio de Carreteras de la Diputación, y dos trabajadores de Fitonovo.

Rodríguez Jurado se ha acogido a su derecho a no declarar ante la jueza Mercedes Alaya, quien considera que esta trama era "una organización criminal jerarquizada que tenía como centro Fritonovo", y le ha imputado los delitos de prevaricación, cohecho y asociación ilícita
. Tras finalizar el fiscal ha pedido para él el ingreso en prisión, aunque eludible con una fianza de 120.000 euros. Según fuentes del caso, Alaya cree que habría percibido 418.000 en mordidas gracias a esta trama. Quien también ha declarado es un trabajador de Fitonovo, Jesús Torre, que ha quedado en libertad con cargos.
Junto a ellos han pasado otro trabajador más y el jefe de Servicio de Carreteras de la Diputación de Sevilla, Carlos Podio, que está ahora declarando y quien, según la Guardia Civil habría percibido hasta 111.000 euros en mordidas. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ya ha dejado en libertad a 22 de los 32 detenidos en la Operación Enredadera dirigida contra una "red de funcionarios corruptos" en diferentes administraciones que facilitaba contratos irregulares a cambio de comisiones. Algunos de ellos han defilando ya por la jueza Mercedes Alaya, que dirige la investigación. Los cinco que ya han pasado ante la jueza está en libertad con cargos, incluido el funcionario jubilado de la Diputación de Sevilla. Sevilla 16 12 2013: FitonovoFOTO:J.M.PAISANODe estos diez que aún están bajo arresto de la Guardia Civil, seis son de los once detenidos ayer en Sevilla. En concreto son el jefe de servicio de Carreterasde Diputación, Carlos Podio, el representante de IU Antonio Ruiz Carmona, un gerente de Adif y tres trabajadores de Fitonovo. Fuentes de la Unidad Central Operativa (UCO) esperan que puedan ser trasladados ante la jueza entre hoy y mañana. A lo largo de la mañana la jueza ha citado a algunos de los detenidos que ya se encuentran en libertad y a otros imputados en diciembre de 2013 para ampliarle los hechos por los que los han encausado. De esta forma, ya han declarado ante la jueza cuatro trabajadores de Fitonovo y Elías Olivar el funcionario jubilado de la Diputación que antecedió a Podio en el cargo. Los tres se han acogido a su derecho a no declarar tras lo que han quedado en libertad con cargos. En el caso de Oliver, al que le imputan cohecho, malversación y prevaricación, la Fiscalía ha solicitado para él 60.000 euros de fianza civil.
Entre los 32 detenidos ayer había tres cargos públicos: el teniente de alcalde de La Carolina (Jaén), Cristóbal Pérez (PP); el jefe de área de Seguridad y Emergencias del Cabildo de Lanzarote, Sergio Machín -ya en libertad-, y el actual vocal de la empresa pública Lipasam del Ayuntamiento de Sevilla, Antonio Miguel Ruiz Carmona(IU), quien según la jueza podría haner percibido 115.000 euros en mordidas.co Los otros 29 arrestados eran fundamentalmente funcionarios y representantes de empresas como Fitonovo, la firma sobre la que gira gran parte de la operación Enredadera y cuyos responsables ya fueron arrestados el pasado año. Los dos fueron citados de nuevo ayer para ampliar su imputación, tras lo que quedaron en libertad con cargos y la Fiscalía pide para ellos fianzas de tres millones de euros y otro medio millón para el administrador de Fiverde (empresa asociada a Fitonovo) Esta operación representa la tercera fase de la Madeja, dirigida por Alaya y que tiene su origen en las irregularidades descubiertas en torno al concurso público para la compra de terrenos de Mercasevilla S.A. Alaya ordenó investigar el patrimonio del exasesor municipal del PSOE Domingo Enrique Castaño, imputado por la venta irregular de los suelos de la lonja, lo que condujo a Fitonovo al descubrirse pagos realizados por esta empresa a Castaño y un aumento en la adjudicación de concursos a esta entidad durante la etapa municipal del mismo.7 Según los investigadores, la estructura de esta empresa se habilitó para conformar "una red de contactos con funcionarios corruptos que les facilitaban contrataciones públicas, creando a su vez una contabilidad paralela que se nutría de facturación falsa para, entre otros fines, pagar sobornos a funcionarios y responsables públicos".

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