El debate sobre la cadena perpetua lo cerraron los españoles hace 31 años, con su sí a una Constitución que la obvia y que apuesta por la reinserción de los delincuentes. El dolor por la hija que falta lleva a los padres de Marta a volver a pedirla. No es necesaria, dice el mundo judicial, pues ya hay garantías de que hoy quien la hace, la paga. Hasta con 40 años a la sombra.
Fue la petición más clara de cuantas le hizo el martes al presidente del Gobierno el padre de Marta del Castillo: "Queremos que la cadena perpetua conste en el Código Penal. Y que se cumpla", dijo en La Moncloa. Rodríguez Zapatero le vino a decir lo que casi el 100% de los expertos: que España contempla penas de hasta 40 años de cárcel y que eso, en la práctica, es una cadena perpetua. Falta la etiqueta, dicen las ONG que pelean por los derechos de los presos. Es suficiente, dicen los juristas, porque contempla la revisión de la pena según la evolución del condenado.
El debate se ha convertido en un arma arrojadiza entre los políticos -el presidente del PP-A, Javier Arenas, va a secundar la petición de Del Castillo ante el Parlamento andaluz-, pero es que en España suele legislarse a golpe de suceso. Lo real, lo inmutable, es que España se dotó de una Constitución que impide esa pena, porque eso anularía la vida en la calle del delincuente. Lo que se ha hecho en estos años es apretar las tuercas en las penas ante delitos especialmente sangrantes, convirtiendo ciertas condenas, en la práctica, en una cadena perpetua, como defiende el presidente. Así, en 1995 el Código Penal pasó a contemplar penas de 30 años si el preso es castigado por dos o más delitos y alguno de ellos tiene prevista una pena de más de 20 años, y de hasta 40 si al menos dos de los delitos tienen una pena de más de 20; también puede llegar a los 40 años en prisión aquél que cometa dos o más delitos de terrorismo. Es una cuestión nominal.
Si los cuatro detenidos por el crimen de Marta son procesados y condenados por asesinato, podrían recibir penas de 30 años. Y pueden cumplirlas íntegras, ya que el tercer grado es muy complicado de lograr. Según el Ministerio de Justicia, el pasado año sólo se concedieron 11 por cada 100 condenados en España, cuando diez años atrás eran más del doble.
