Espaldarazo de las asociaciones de afectados por la hipoteca a la ley antidesahucios

La PAH y un observatorio catalán ven un antes y un después tras la aprobación de esta norma. Ambas organizaciones valoran las «soluciones de urgencia para las familias» que recoge esta ley y que el Gobierno central ha suspendido con su recurso

el 01 feb 2014 / 23:12 h.

desahuciosLas asociaciones de afectados por el drama de los desahucios no suelen regalar el oído a ningún político porque la mayoría están hartas de promesas incumplidas y de que se tomen decisiones de espaldas al ciudadano. Sin embargo, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y el Observatorio catalán de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC), uno de los más activos con el problema de la vivienda, han dado un espaldarazo a la ley andaluza antidesahucios, paralizada por el recurso del Gobierno central ante el Constitucional. En un extenso informe titulado Emergencia habitacional en el Estado español, la PAH y el Observatorio DESC valoran positivamente el «paso adelante» que dio el Gobierno de coalición andaluz con la Ley de la Función Social de la Vivienda y reconocen que Andalucía es «la primera comunidad en recoger en parte de las reivindicaciones ciudadanas expresadas en la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) por la dación en pago». El texto hace un repaso a la situación de «emergencia social y económica» que afecta al territorio andaluz y del «importante» volumen de pisos vacíos, 700.000, el 22,7% respecto del total de viviendas habituales, para alabar las medidas que incluye la ley antidesahucios. Destaca que junto a una política de más largo plazo, la norma andaluza «busca soluciones de urgencia para las familias empobrecidas que están en proceso de ejecución hipotecaria». La medida más polémica, las expropiaciones de viviendas a la banca para evitar desahucios de familias en riesgo de exclusión social, está paralizada por el recurso del Gobierno del PP. También impugnó las sanciones de hasta 9.000 euros a las viviendas vacías en manos de grandes propietarios. De hecho, la Consejería de Fomento y Vivienda recibió esta semana el texto del recurso del Ejecutivo y la consejera, Elena Cortés (IU), se mostró indignada con el argumentario del Gobierno, que alega que la norma andaluza pone en «peligro» el sistema de reestructuración bancario y que, de seguir en vigor, aumentaría la prima de riesgo. Pese a que estas asociaciones consideran que las «regulaciones más garantistas» del país son las de los Estatutos de Andalucía y Cataluña, critican la política de vivienda que ha llevado a cabo la Junta hasta la aprobación de la ley antidesahucios, una norma que tiene el sello de IU. Arremeten por ejemplo contra la Ley del Derecho a la Vivienda, de 2010, que, «aunque tiene propuestas interesantes, desatendió otras más ambiciosas» para asegurar el derecho a una vivienda. Junto a Andalucía, las comunidades que salen mejor paradas del informe son Cataluña y País Vasco. La consejera Cortés ha acusado al Gobierno de Rajoy de «discriminar a Andalucía» al recurrir la Ley de la Función Social de la Vivienda cuando en Cataluña «opera una norma similar»: la Ley del Derecho a la Vivienda de 2007 que el Ejecutivo no ha llevado a los tribunales. Cierto es que la normal catalana no contempla las polémicas expropiaciones, pero tiene artículos casi calcados a la andaluza, como los siguientes: «Es infracción muy grave en materia de calidad del parque inmobiliario mantener la desocupación de una vivienda» o «existe incumplimiento de la función social de la propiedad de una vivienda o edificio de viviendas en el caso de que la vivienda o el edificio de viviendas estén desocupados de forma permanente e injustificada». La ley catalana se pactó en una comisión bilateral entre el Estado y esta comunidad, el mismo órgano que ha solicitado sin éxito Andalucía para tratar de evitar el veto a la ley antidesahucios. Cartas a la banca La Consejería de Fomento y Vivienda ha enviado ya cartas a todas las entidades financieras que operan en Andalucía y a los juzgados para evitar que los 37 expedientes de expropiación no culminados acaben en desahucios por el recurso del Gobierno del PP ante el Constitucional, que ha suspendido las expropiaciones. Las cartas a los bancos las firma Amanda Meyer, secretaria general de Vivienda, y las que se dirigen a cada uno de los juzgados las firman los delegados provinciales de la Consejería de Fomento y Vivienda.

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