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Estado y Junta rechazan responsabilidades por la inundaciones de Écija de 2010

La CHG ve competente a la administración autonómica, que a su vez  dice que asumió la gestión de la cuenca en base a una norma "nula".

el 02 jun 2012 / 10:25 h.

La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), dependiente  del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, y la  Secretaría General del Agua de la Junta de Andalucía han respondido a  la reclamación administrativa interpuesta por los afectados por los  perjuicios derivados de las riadas de finales de 2010 y principios de  2011 en Ecija (Sevilla), rechazando en ambos casos  responsabilidades.

En el caso de la CHG, ésta ha emitido una respuesta, a la que ha  tenido acceso Europa Press, en la que desestima la petición al  declararse "incompetente" para su conocimiento y resolución, ya que  en la fecha en la que se produjeron los hechos la gestión de los  recursos y aprovechamientos hidráulicos correspondientes a las aguas  de la cuenca del Guadalquivir que discurren íntegramente por  territorio andaluz "correspondía a la comunidad autónoma de  Andalucía".

Considera el organismo estatal que el centro de imputación de la  responsabilidad es "la administración en la que se integre el  servicio generador de ese daño", siendo en este caso "una obligación  derivada" de la gestión autonómica, sin que se encuentre en el  particular "una transferencia de competencias ni una reversión  competencial mutuamente acordada".

Por su parte, en su respuesta, a la que ha tenido acceso Europa  Press, la Junta hace un recordatorio de los traspasos de funciones y  servicios en materia de recursos y aprovechamientos hidráulicos entre  administración central y autonómica, con la inconstitucionalidad del  articulado de reforma del Estatuto de Autonomía que daba a Andalucía  competencias exclusivas sobre las aguas fluviales que transcurrieran  por su territorio y no afectaran a otra comunidad autónoma.  

Así, y tras citar jurisprudencia y remitirse a informes jurídicos  y del Consejo Consultivo, la Junta manifiesta que asumió la gestión  de la cuenca hidrográfica del Guadalquivir en base a una norma  "nula", es decir, que la administración regional "nunca tuvo,  jurídicamente, competencias para ello, pues la nulidad declarada,  constitucional y jurídicamente, ha sido 'ab initio', ya que en ningún  momento esa norma desplegó efectos jurídicos válidos".

Por ello, califica de "evidente" que en la fecha de los daños no  correspondía a la Junta instruir los expedientes, ni ahora  resolverlos, bajo riesgo de que, de hacerlo, se incurriera en nulidad  "absoluta", concluyéndose en la inadmisión de la reclamación.

Los afectados, por boca de su letrado, Fernando Osuna, ya avisaron  de que presentarán un recurso contencioso-administrativo ante los  tribunales en los próximos días del mes de junio si no cuentan con  una respuesta positiva por parte de las administraciones, al haber  pasado el plazo preceptivo de seis meses desde la interposición de  las reclamaciones administrativas.

Osuna subrayó a Europa Press que, pese a haber varias  administraciones implicadas, la instancia que probablemente recibiría  el caso sería el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA),  en orden a facilitar las gestiones a los afectados.  

Los vecinos consideran que ha existido una mala gestión del  problema por parte de las administraciones. En sus peticiones se  hacen constar los daños psicológicos y morales --"hay gente que no  duerme bien"--, así como el lucro cesante que supone vivir en  inmuebles "depreciados" por el hecho de estar construidos sobre zonas  susceptibles de inundación.  

"El Consorcio de Compensación de Seguros no paga estas cantidades,  con lo cual los afectados se quedarán sin cobrar, a no ser que  reclamen a través de la plataforma que se ha creado", ha subrayado el  abogado, que ha agregado que el hecho de que algunos afectados hayan  cobrado del Consorcio de Compensación de Seguros no obstaculiza para  que puedan reclamar por la vía iniciada, es decir, que pueden cobrar  además de lo que ya han recibido del Consorcio.

Osuna también representa los intereses de en torno a una decena de  reclamantes de Lora del Río, por las mismas razones. En este caso, el  año de prescripción se ha interrumpido con una reclamación, en un  proceso que tendría su continuidad con más pruebas y el pago de los  peritos.

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