Los 34 detenidos de la organización juvenil ilegalizada Segi el pasado miércoles tenían provisto comenzar una cadena de atentados por orden de ETA en España y Francia. Los objetivos eran políticos del PP y PSOE y sedes gubernamentales como oficinas del Inem y Correos o estaciones de trenes. La frustrada campaña de atentados, reflejada en uno de los documentos incautados esta semana a los jóvenes de Segi, tenía en diciembre su mes de arranque y se iba a prolongar a lo largo del próximo año, según adelantó anoche la Cadena SER.
Según el citado documento, los responsables de Segi querían reclutar "al mayor número de jóvenes preparados", y exigían que la labor de "hostigamiento tenía que ejecutarser "de una manera inmejorable para cumplir el objetivo político y no tener problemas de seguridad". Mientras tanto, el juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska continuó ayer el interrogatorio de los presuntos miembros de Segi detenidos el pasado martes, después de que el magistrado ordenara el jueves el ingreso en prisión de 11 de los 13 acusados a los que tomó declaración.
Marlaska dejó en libertad a Oihana Fernández Iturri y a Raúl Iriarte Rodrigo -a los que acusa de colaboración terrorista-y les impuso comparecencias semanales en el juzgado y la obligación de comunicar su domicilio y les prohibió abandonar el territorio nacional. Esta decisión fue contraria al criterio del fiscal Luis Barroso, que pidió el ingreso en prisión incondicional para los 13 detenidos, quienes negaron su pertenencia a Segi, sucesora de las también ilegalizadas Jarrai y Haika y declarada terrorista por el Supremo en 2007. El magistrado comenzó ayer los interrogatorios de los otros 21 acusados y envió a prisión a 11 personas más, aunque hoy seguirá tomando declaración a los detenidos. El operativo policial pudo ejecutarse gracias a la documentación incautada al responsable del aparato político de ETA Ekaitz Sirvent, detenido el pasado abril en París.
Fin de eta en 2020. Por su parte, un grupo de expertos de la administración, empresa privada y universidad ha concluido en un informe, encargado por la Fundación Alternativas -próxima al PSOE- y que analiza los problemas de seguridad que el fenómeno de la banda terrorista ETA deberá ser considerado "residual" en un plazo máximo de diez años dado que las condiciones que dieron lugar a su emergencia y mantenimiento se han transformado profundamente".
Así lo señalaron este grupo de expertos, dirigidos por los profesores universitarios Óscar Jaime Jiménez y Antonio María Díaz, en el informe presentado con el titulo de La Seguridad Integral: España 2020, acto al que asistió el secretario de Estado de Seguridad, Antonio Camacho, y el portavoz del grupo parlamentario socialista, José Antonio Alonso. También participó el vicepresidente ejecutivo de la Fundación Alternativas, Nicolás Sartorius, quien ahondó en la idea de la unión "indisoluble" de la seguridad con libertad y justicia, y en la obligación de los Estados de garantizarla y prevenirla con una cierta perspectiva. También Alonso consideró que la seguridad y la libertad "no son categorías incompatibles" y que los valores "se llaman uno a otro en un sistema democrático".
En la misma semana en que Policía y Guardia Civil han conseguido "descabezar" a Segi -núcleo de la izquierda abertzale rechaza la vía política-, arrestando a 34 personas en el País Vasco, el citado informe aborda cuestiones como el crimen organizado, sobre cuyo posible devenir resulta "difícil ser optimista" pues "el énfasis puesto en la amenaza terrorista está dejando espacios" a este fenómeno y "generando una importante falla en nuestra seguridad que percibiremos en el medio plazo".
España se encuentra, según el estudio, en primera línea del problema del terrorismo, pero respecto a la organización terrorista ETA y desde un enfoque a largo plazo (año 2020), este fenómeno "deberá ser considerado básicamente residual, puesto que las condiciones que dieron lugar a su emergencia y mantenimiento se han transformado profundamente". No obstante, en el estudio se recalca que la amenaza de Al Qaeda y grupos afines "no sólo no ha desaparecido, sino que se mantiene" tras el 11-M.
Camacho remarcó en su intervención que en los últimos años hemos asistido a grandes "shock" en la seguridad mundial, como esos atentados y los del 11-S, lo que ha llevado a un debate en el que algunos políticos han entendido la necesidad de "limitar" los derechos y libertades de los ciudadanos para garantizarles la seguridad. "Es un grave error y de esa forma nos introducimos en el objetivo que pretenden los terroristas, cambiar nuestro sistema de vida", afirmó Camacho, quien defendió una estrategia de seguridad sostenible, que atienda a las causas de los retos en esta materia, no sólo a los efectos, desde el respeto más escrupuloso a los derechos humanos.
Por último, los coordinadores del citado informe insistieron en los tres factores que van a condicionar el nuevo escenario al que nos enfrentamos a medio plazo: el cambio climático, demografía y energía.
