No había que hacer un ejercicio de política ficción para barruntar que desde que el Supremo (TS) anuló el domingo por la noche las listas presentadas por Askatasuna y D3M para las elecciones vascas, ETA respondería con alguna de sus fechorías habituales. Por desgracia, no ha habido que esperar demasiado. Ayer mismo por la mañana, sólo nueve horas después de la decisión del TS, una furgoneta bomba estallaba frente a la sede madrileña de Ferrovial causando innumerables daños materiales pero sin que se registraran heridos. En su estrategia de amedrentamiento de la sociedad vasca y española, los terroristas intentaron ayer mandar dos mensajes. El primero a la constructora Ferrovial, adjudicataria de varios tramos de la obra del Tren de Alta Velocidad del País Vasco, a la que la banda asesina se opone. Y el segundo a las instituciones democráticas en respuesta por la decisión del Supremo. En ninguno de ambos casos conseguirán sus objetivos. Ni las empresas que participan del proyecto del Alta Velocidad cederán a la extorsión de estos chantajistas que dicen representar al pueblo vasco ni sus formaciones satélite, salvo que el Tribunal Constitucional diga lo contrario, podrán beneficiarse de su presencia en el Parlamento vasco. Esto último merece también de una reflexión más atenta. Al debilitamiento de ETA se une el achicamiento del espacio político que ocupan las organizaciones de su entorno. En este contexto, la ausencia de las formaciones que justifican sus acciones en la Cámara de Vitoria les priva de un altavoz mediático indispensable para mantener su presión sobre los partidos democráticos y, de paso, les aleja de una fuente de ingresos y de información que luego utilizan para sus intereses. La colocación de los coches bombas persigue que los ciudadanos sigan creyendo que ETA sigue decidiendo la agenda política del País Vasco, pero lo que único que consigue es aumentar la repugnancia y el hartazgo, incluso entre los suyos.
