La Unión Europea (UE) se ha ofrecido para controlar el tráfico ilegal de menores en Haití tras el terremoto del pasado 12 de enero. Los ministros de Justicia de la Unión trasladaron su solidaridad a los damnificados y acordaron coordinarse "de manera muy estrecha" y ofrecer su colaboración a Unicef para prestar una especial atención y protección a los niños haitianos.
Así lo explicó el ministro de Justicia español, Francisco Caamaño, y el vicepresidente de la Comisión Europea, Jacques Barrot, al concluir el Consejo informal de Justicia de la UE que se celebró en Toledo.
El ofrecimiento de los ministros europeos se produce después de que Unicef denunciase ayer el rapto de al menos 15 niños no acompañados en hospitales de Haití. La Unión Europea expresó su preocupación por las consecuencias para la infancia que puede tener el devastador terremoto de la semana pasada.
Por ello, durante la reunión de ayer el ministro de Justicia de Holanda anunció que su país va a facilitar las adopciones de niños haitianos que han perdido a toda su familia tras la catástrofe. "Eso nos ha llevado a imaginar un marco europeo para intentar enfocar este problema, en el que se debe trabajar con otros organismos como Unicef", dijo Barrot.
Respecto a las medidas que pueda adoptar España, Caamaño indicó que "se trata de acelerar" las adopciones que previamente ya existían antes de la catástrofe y se mostró de acuerdo en que hay que hablar con organizaciones internacionales, como Unicef, y los distintos gobiernos de la UE para "atender mejor a estos menores y ofrecer la debida atención y protección a la infancia".
La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, explicó además que España planteará impulsar iniciativas de asistencia y protección internacional de menores desamparados o en situación de orfandad, trabajando de forma conjunta con Unicef y Cruz Roja.
Reconstrucción. Además del problema de los menores, Haití se enfrenta a cómo podrá salir adelante tras el terremoto. Para ayudar en esta tarea de reconstrucción, la ONU pondrá en marcha el programa Jornal por trabajo, para dar empleo a quienes trabajen en la recuperación del país con un salario de cinco dólares al día, informó la emisora Radio Metropole en su página web. El proyecto, que se prolongará durante dos semanas e incluirá tareas de limpieza y reconstrucción, permitirá dar empleo a 200.000 personas y "contribuir a reforzar la economía", según el secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki Moon, citado por la emisora. La capital haitiana, Puerto Príncipe, y, en particular, el sector de Carrefour serán los primeros puntos donde se desarrollará el programa, que se extenderá después a Léogâne (sur de Puerto Príncipe) y Jacmel (suroeste).
Por el momento, tras el terremoto han recibido ayuda alimentaria 300.000 personas, según la ONU. A pesar de estas cifras, la ayuda sigue siendo insuficiente. La ONU calcula que hasta dos millones de personas necesitan alimentos.
Ante esta grave situación miles de haitianos están intentado salir del país y por ello la secretaria nacional de Seguridad de EEUU, Janet Napolitano, advirtió de que los haitianos que intenten llegar a Estados Unidos después del terremoto serán repatriados. Los que sí se podrán quedar en EEUU son los entre 100.000 y 200.000 haitianos indocumentados que ya viven en el país y que podrán permanecer en él legalmente durante 18 meses, para ello se ha abierto el plazo de inscripción en el Estatus de Protección Temporal.
430 soldados. En esta coyuntura, la ministra de Defensa, Carme Chacón, despidió ayer en la Base Naval de Rota (Cádiz) al buque de asalto anfibio Castilla, que ayer partió rumbo a Haití para ayudar a este país. En él viaja una tripulación compuesta por 450 militares, con, entre otras unidades, una sanitaria compuesta por 27 miembros, otra de zapadores capaces de hacer trabajos de desescombro y apertura de viales, y otra de apoyo logístico capaz de producir y distribuir agua potable con dos plantas potabilizadoras.
Además, el Consejo de Ministros del Gobierno aprobó ayer enviar otro contingente que inicialmente estará integrado por 23 guardias civiles, para reforzar el componente policial de la Misión de Estabilización de Naciones Unidas.
