Una advertencia en toda regla. Eso es lo que le ha transmitido la Comisión Europea al Gobierno central, la Junta y el Ayuntamiento por los posibles efectos de la SE-35 en el parque del Tamarguillo, construido con fondos europeos. «Parece que las autoridades españolas no han aprendido las lecciones de un procedimiento de infracción anterior en un caso similar», señala la Comisión en el escrito del 20 de noviembre de 2013 en el que comunica la apertura de un posible expediente sancionador.
El propio Ministerio de Asuntos Exteriores señala en el expediente que se ha pedido que se señale el caso similar al que se hace referencia, que bien podría ser el de la biblioteca del Prado, una construcción en una zona verde también financiada con fondos europeos que los tribunales han derribado.
¿Y por qué la primera respuesta del Estado fue rechazada por la Comisión? Porque «la evaluación final del caso confirma el incumplimiento de la Directiva EIA 2011/92/EU» (relativa a la evaluación del impacto ambiental), de ahí que esté prevista «la apertura de un procedimiento formal», según reza en el documento de la Comisión Europea.
Las alegaciones de Ecologistas en Acción y de la Asociación Movida Pro Parque del Tamarguillo contra la SE-35 han surtido efecto cuatro años después de que llegaran hasta los órganos europeos. ¿Y por qué ha tardado tanto? Porque el procedimiento se paró ya que no se sabía si el proyecto iba a ser como decía el Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU). Una vez que la nueva Gerencia de Urbanismo de Juan Ignacio Zoido (PP) aprobó su proyecto de construcción (el segundo, porque en el anterior mandato había otro) y planteó el mismo trazado, la Comisión Europea siguió con sus trámites. Por eso en el escrito al ministerio se afirma que «la evaluación del caso ha tomado tiempo, con el fin de analizar todos los elementos y también tener en cuenta la posibilidad de que el proyecto podría no ser finalmente ejecutado».
Después de que el PP retomase el proyecto, en el que la SE-35 pasa por encima del parque, la Comisión Europea pidió información a las autoridades españolas para, más tarde, avisar de la posible apertura de un expediente sancionador.
El 13 de noviembre se le comunicó al ministerio que se rechaza su respuesta y que se abre la posibilidad de la apertura de un «procedimiento formal de infracción conforme al artículo 258 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea». Por eso se rogó que se apostase más información que pudiera evitar la apertura del citado procedimiento. Siete días más tarde, el 20 de noviembre de 2013, la comisión avisó de tal apertura. Sin embargo, el Gobierno local no informó de estos hechos hasta este mes de febrero. Y es más, el propio alcalde afirmó en diciembre que la SE-35 era un proyecto «irrenunciable» y que las alegaciones de Ecologistas en Acción y de la Plataforma Pro Parque del Tamarguillo no tenían base alguna. Ante todo esto, el PSOE presentará en el próximo Pleno una serie de preguntas para que el Gobierno local aclare lo sucedido. Se pide información sobre las gestiones realizadas ante la Comisión Europea entre 2011 y noviembre de 2013, si se tuvo en cuenta que ya había un expediente abierto cuando se redactó el proyecto, por qué se ocultó tal información, que gestiones se han realizado desde el 20 de noviembre hasta ahora, por qué en febrero el delegado de Urbanismo anunció que iba a estudiar un enlace para los terrenos de San Nicolás Oeste, donde se va a implantar Ikea, desde la A-4, cuándo podrían empezar las obras, cuánto costarían, qué ocurrirá con los 12,5 millones comprometidos por el Estado para la SE-35 y, entre otras preguntas, si Ikea baraja ya abrir para 2017 o 2018.
