En mayo de 2008 un reportaje de una cadena de televisión descubrió en cinco ciudades distintas, entre ellas Sevilla, documentos judiciales en la basura. La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) abrió una investigación que ha derivado en la apertura de un procedimiento contra diversas consejerías de Justicia, entre ellas la andaluza, y los juzgados.
En Sevilla, la cadena Telecinco localizó documentos en un contenedor del entorno de Viapol, donde están los juzgados de lo Social, de lo Contencioso, Familia y Violencia sobre la Mujer. En concreto, la investigación se ha centrado en el Juzgado de Primera Instancia número 6, especializado en asuntos de Familia, por lo que los documentos encontrados deben hacer referencia a divorcios y procedimientos como retiradas de menores.
Por ello, la AEPD ha abierto un procedimiento de declaración de infracción contra el juzgado por presunta vulneración del deber de secreto de la Ley Orgánica de Protección de Datos, y contra Justicia por presunta vulneración de las medidas de seguridad, ya que es la administración competente en la dotación de los medios y y de las medidas de seguridad. La resolución podría calificarse de grave o muy grave, al tratarse de datos sensibles.
Tanto el juzgado como la Junta tienen ahora un plazo para presentar alegaciones contra éste procedimiento. Ayer, fuentes de la Consejería de Justicia explicaron a este periódico que todos los edificios judiciales de Sevilla capital cuentan con destructora de papel y que "la decisión y la acción de destruirlo compete a los operadores jurídicos".
En los juzgados la versión es algo distinta. La secretaria coordinadora, Ana María Jiménez, explica que la Delegación Provincial contrató un servicio de papeleras de reciclaje que "un día a la semana pasan por cada una de las sedes judiciales". Estas papeleras están ubicadas en los pasillos para evitar que el personal de la empresa, que hace la recogida por la tarde, acceda a los despachos.
Cuando en mayo de 2008 se supo que algunos papeles habían aparecido en un contenedor se decidió introducir las papeleras en los despachos y sacarlas a última hora de la mañana del día de recogida. Con esta medida se pretendía evitar que los documentos estuvieran tan a la mano del público.
Jiménez también recordó que en los juzgados "sólo existe una destructora de papel por edificio", a lo que añadió que los secretarios judiciales son responsables de custodiar los documentos que están en el juzgado, "pero no de los que salen de él o los que están en la papelera", de los que es responsable la empresa.
No obstante, en el caso de que se demuestre que hubo una infracción, no habrá ninguna sanción por parte de la AEPD, ya que al tratarse de una administración pública sólo será "apercibida" e instada a cambiar los métodos de custodia. Por el contrario, las empresas privadas puede ser sancionadas hasta con 600.000 euros.
