La Asociación para la Defensa del Patrimonio Histórico de Andalucía (Adepa) urge a la Junta de Andalucía, según comunicó ayer, a que conserve el parque de maquetas Andalucía de los Niños, creado para la Exposición Universal de 1992, ante su «grave deterioro», y llama a incluirlo en el Catálogo General de Patrimonio Histórico andaluz. Paralelamente, ha presentado una denuncia ante el Servicio de Disciplina Urbanística del Ayuntamiento de Sevilla motivada «por abandono y negligencia en el deber de cuidado y conservación» de las citadas instalaciones, propiedad de la administración andaluza.
Según la denuncia, Adepa pide al Ayuntamiento que actúe en el ejercicio de sus funciones y advierta al propietario del inmueble que, «en virtud de la normativa, la inobservancia del deber urbanístico de conservación de las edificaciones supone un incumplimiento de la función social de la propiedad, legitimadora de la expropiación o, en su caso, la venta forzosa de los terrenos». Asimismo, añade que, si la Junta no actúa, el Ayuntamiento puede ejecutar las actuaciones necesarias de manera subsidiaria y después pasar los costes a la Junta, «tras la pertinente evaluación del daño producido». «Si al propietario privado se le exige el escrupuloso cumplimiento del deber de conservación, se debe exigir el cumplimiento estricto a los organismos públicos», indica, mencionando que «nunca puede ser excusa la falta de medios económicos al ser posible el alquiler o la enajenación».
Por otra parte, Adepa ha remitido un escrito a la Delegación Provincial de Cultura para solicitar la inclusión de este parque de maquetas en el Catálogo General del Patrimonio Histórico de Andalucía, con el objetivo de que se proceda a «la más idónea preservación del bien y su entorno», además de solicitar el desarrollo de medidas de protección para impedir que continúe el «deterioro y haya que lamentar su completa desaparición o ruina».
Como ya informó El Correo, el parque de maquetas Andalucía de los Niños, del que es responsable la Consejería de Hacienda y Administración Pública, ya se hallaba con desperfectos en el cerramiento y en un avanzado estado de deterioro cuando fue ocupado por dos indigentes a finales del año pasado. Conocido el caso, desde el servicio de prensa del departamento de María Jesús Montero trasladaron a este periódico que no iba a ponerse vigilancia al recinto y que no se iban a rehabilitar de momento las piezas deterioradas, ni repuestas las robadas como la Torre del Oro, si bien aseguraron que la administración «tiene voluntad de conservar las maquetas y el espacio y ponerlo en explotación».
La consejería asegura que es «difícil» combatir los actos de vandalismo que han provocado el deterioro del parque, si bien descarta poner vigilancia. Por su parte, el Ayuntamiento respondió a Hacienda recordándole que Andalucía de los Niños «son instalaciones de la Junta», por lo que es responsable de su seguridad.
Según la denuncia, recogida por Europa Press y también remitida a la Junta de Andalucía para su conocimiento, Adepa pide al Ayuntamiento que actúe en el ejercicio de sus funciones y advierta al propietario del inmueble que, "en virtud de la normativa, la inobservancia del deber urbanístico de conservación de las edificaciones supone un incumplimiento de la función social de la propiedad, legitimadora de la expropiación o, en su caso, la venta forzosa de los terrenos".
Añade que, si la Junta no actúa, el Ayuntamiento puede ejecutar las actuaciones necesarias de manera subsidiaria y después pasar los costes a la Junta, "tras la pertinente evaluación del daño producido". "Si al propietario privado se le exige el escrupuloso cumplimiento del deber de conservación, se debe exigir el cumplimiento estricto a los organismos públicos", indica, mencionando que "nunca puede ser excusa la falta de medios económicos al ser posible el alquiler o la enajenación.
Paralelamente, remite un escrito a la Delegación Provincial de Cultura para solicitar la inclusión de este parque de maquetas en el Catálogo General del Patrimonio Histórico de Andalucía, con e objetivo de que se proceda a "la más idónea preservación del bien y su entorno", además de solicitar el desarrollo de medidas de protección para impedir que continúe el "deterioro y haya que lamentar su completa desaparición o ruina".
